Olga Villalta / Diario Centroamérica / 20 de septiembre de 2011
El miércoles 14 de septiembre, en un matutino local, cinco representantes de oficinas de Naciones Unidas en Guatemala (Unicef, Oacnudh, ONU-Mujeres,Onusida y Unfpa) publicaron una columna de opinión en la que evidencian cómo en la campaña electoral reciente los temas que tienen que ver con la existencia de abortos en condiciones de riesgo para las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos y la educación sexual no fueron abordados con seriedad y desde la perspectiva de los derechos humanos por las/os candidatos.
El aborto sigue siendo el secreto de miles de mujeres que recurren a él cuando se enfrentan a un embarazo no deseado por violación, por incesto, por falta de información o porque como cualquier ser humana, se equivocó. Se condena a las mujeres que lo hacen, pero no se atacan las causas. Para debatir este problema necesitamos que las/os tomadores de decisiones en el Estado se independicen de las posturas religiosas y asuman por fin que vivimos en un Estado laico.
El aborto es un problema social, de salud y de derechos humanos, y aunque en la campaña electoral muchas/os de ellos utilizaron el imaginario religioso para ganar votantes, al ejercer el poder, la ciudadanía debe exigir de ellas/os seriedad en los compromisos asumidos como país en el ejercicio de los derechos humanos, en este caso de las humanas.
Los avances en la legislación guatemalteca, promovidos en lo fundamental por las organizaciones de mujeres, deben respetarse y hacerse realidad. Debemos entender que es el Estado quien debe crear condiciones para la solución de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, logrando así el derecho a una maternidad saludable y voluntaria.
El Estado debe realizar acciones hacia los hombres, no solo en el sentido de la responsabilidad en las funciones reproductivas (son ellos los que tienen hijos regados por todos lados), sino en promover una concepción del ejercicio de la sexualidad basada en los derechos humanos.
La criminalización del aborto obliga a las mujeres pobres a recurrir a personal no capacitado, poniendo en riesgo su salud y vida, además de enfrentarse a la estigmatización de la sociedad, viviendo en silencio su culpa.
Tomo la palabra de las/os funcionarios de Naciones Unidas, quienes nos llaman a “un debate que desafíe a respetar los derechos y libertades inherentes a toda persona”. Las y los funcionarios que asumirán sus cargos en enero (Legislativo y Ejecutivo) deben reconocer que existe una responsabilidad estatal respecto al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las ciudadanas guatemaltecas.