El sexo débil se arma, y no solo de valor

Su mejor ataque dejó de ser la seducción. Los delincuentes no esperan que las mujeres anden armadas.

Maby López | Nacional, Diario de Centro América

Amas de casa, profesionales, estudiantes, vendedoras… No importa la profesión. Lo cierto es que, por la inseguridad que se vive en el país, cada día las mujeres están optando por armarse y defenderse a sí mismas como a su familia.

En la actualidad, la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) da cuenta de 9,200 armas registradas y 7,500 licencias de portación emitidas al sexo débil, lo que representa el 4% de todos los registros.

El subdirector de la Digecam, Guillermo Mejía, señala que, aunque no es muy común que, una mujer se acerque a la institución, cada día existe más interés por parte de las féminas de portar un arma.

De acuerdo con el funcionario, lo que las motiva a armarse es la necesidad de sentirse seguras y protegidas, pues muchas de ellas son propietarias de negocios fincas, o en determinado momento fueron víctimas de la

delincuencia. Mejía explicó que el tipo de armas preferidas por la población femenina son las pistolas y los revólveres, aunque las primeras tienen más preferencia, así como que los calibres más usuales son 9 y 22 milímetros.

Según él, generalmente las más cotizadas son las de 9 milímetros y compactas, pues se hace más práctico llevarlas en las bolsas, chequeras y el auto.

“No creo que sea capaz de sacar un arma y disparar, pero sí les da una sensación de seguridad”, expresa Mejía.

La información señala que muchas de ellas no han sido capacitadas profesionalmente. Algunas han disparado porque les han enseñado el esposo o los hijos para utilizarlas en determinando momento cuando estén solas.

Rudy Flores, dependiente de mostrador de una armería ubicada en la zona 9, coincide en que las que más venden a féminas son las 9 milímetros, las cuales pueden costar desde Q4,500 hasta Q12,000, dependiendo de la marca y el estilo.

Un arma de dos filos

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas (MA), considera que para portar “se debe saber como usarla, tener la sangre fría y la habilidad para defenderse, pues ello significa que en determinado momento va a tener que disparar contra otra persona”.

La activista coincide con Rosario Escobedo, del Sector de Mujeres, en que su portación no es una solución para enfrentar la delincuencia. Por el contrario, se debe exigir a las autoridades competentes brindar la seguridad y protección de todos los ciudadanos.

“La violencia no se resuelve con que nos armemos. Eso también es violencia. No creo que un arma dé seguridad. Como mujer me da protección andar en un país donde se respeten mis derechos individuales y colectivos”, señaló Escobedo.

http://dca.gob.gt:85/archivo/20100208/nacional5.html

Alertan por aumento de feminicidio

MADRID / Agencia AFP

CENTROAMÉRICA: Informe presentado en España da cuenta de la situación

El feminicidio y la trata y tráfico de mujeres “están alcanzando categoría de epidemia” en los países centroamericanos, alertaron dos informes presentados ayer por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia Española de Cooperación (AECID) en Madrid.

Guatemala es el país más afectado, con algo más de 5 mil feminicidios entre 2000 y 2009, seguida por Honduras, El Salvador y República Dominicana, mientras en toda la región el número de feminicidios se duplicó entre 2003 y 2009. FOTO LA HORA: ARCHIVO

“El feminicidio y la trata y tráfico de personas son dos fenómenos en alza de violencia contra las mujeres en los países de Centroamérica”, son las conclusiones de estos informes, elaborados por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), órgano del SICA especializado en temas de género, en colaboración con la AECID.

En algunos países hay más de 100 por 100.000 habitantes, por lo que “los niveles de homicidios de mujeres en la región están alcanzando categoría de epidemia”, declaró la autora del estudio, Ana Carcedo.

Guatemala es el país más afectado, con algo más de 5.000 entre 2000 y 2009, seguida por Honduras, El Salvador y República Dominicana, mientras en toda la región el número de feminicidios se duplicó entre 2003 y 2009.

Estos datos aparecen en un contexto de incremento general de los homicidios en los últimos años, pero los de mujeres crece con más rapidez: entre 2003 y 2007, el número de asesinatos de hombres aumentó un 50%, mientras que el de mujeres se incrementó un 160%.

El informe sobre feminicidio alerta de que “crece el riesgo para las mujeres más jóvenes, con menos experiencia y menos conocimiento para buscar ayuda”, “se cometen más en lugares públicos” y “por redes y grupos organizados” y “la impunidad alimenta” este crimen, según las conclusiones, difundidas por la AECID.

Además “los escenarios históricos de marginación se fortalecen y se establecen sinergias con los nuevos”, mientras “aumenta el uso de armas de fuego en relación directa con la dinámica armamentística de la región”.

En cuanto al informe sobre la trata y tráfico de mujeres, el primero realizado en la región, se constata que es “un problema social en expansión”.

“Tiene fines de explotación sexual fundamentalmente, pero coexiste con (…) la venta de niños y niñas nacidos en el contexto de la trata”, hay un reclutamiento “constante”, se lleva a cabo con “complicidad policial” y “no existen en los países estudiados protocolos o prácticas de repatriación” de las víctimas.

Los estados centroamericanos “son países de origen, tránsito y destino”, según el informe, que señala que “hay un ‘mercado regional’ y también trata interna”.

“Existen condiciones estructurales como la exclusión social o la violencia contra las mujeres que favorece” la trata, y las víctimas, que “intentan escapar de forma permanente pese a los riesgos”, la consideran “una manifestación más de una historia de maltratos, abusos e impunidad”, concluye.

Estos estudios se han realizado en colaboración con la AECID, que desde 2006 colabora con el COMMCA y ha destinado a proyectos sobre género 1,7 millones de dólares desde ese año.

Entre 2004 y 2008, España ha multiplicado por seis los recursos dedicados a promover la igualdad de género en América Latina, que en 2008 se situaron en 299 millones de euros (406 millones de dólares).

“Existen condiciones estructurales como la exclusión social o la violencia contra las mujeres que favorece la trata, y las víctimas, que intentan escapar de forma permanente pese a los riesgos, la consideran “una manifestación más de una historia de maltratos, abusos e impunidad.”

Conclusiones del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA).

http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=62746&fch=2010-02-17

Capturan a cuatro policías acusados por violación de un joven de 19 años

Nacionales | Diario La Hora

Mariela Castañon | mcastanon@lahora.com.gt

PNC: Dos fueron retenidos por omisión de denuncia

Uno de los sindicados de violación rinde su declaración en la Torre de Tribunales. FOTO LA HORA: JOSÉ OROZCO

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un civil fueron capturados por miembros de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), sindicados de abusar sexualmente de un joven de 19 años, que trabajaba como repartidor de comida en la zona 1.

Juan Carlos Martínez, jefe de la ORP, confirmó el hecho, e indicó que los detenidos son los agentes Calixto Santiago Andrés, César Augusto López Ramírez, Roelmer Abelino Miranda Monzón, Ramiro Reyes Castro y un civil, identificado como Braulio Che Cu. Los miembros de la institución policíaca formaban parte de la División de Protección y Seguridad (Diprose) y estaban asignados al resguardo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Según se ha dado a conocer, está por establecerse si los cuatro policías participaron en este hecho, pues se cree que dos de ellos fueron detenidos por omisión de denuncia.

De acuerdo con Martínez, la detención se efectúo en la zona 1 capitalina y el delito que se les imputa es violación con agravación a la pena.

La ORP señala que en lo que va del año, por lo menos 18 miembros de la institución policíaca han sido capturados por los delitos de robo de droga, ejecución y violación.

HECHO

Según se dio a conocer, el hecho se perpetró el 2 de enero, contra un jovencito que laboraba como repartidor de comida en un restaurante de la zona 1, que fue requerido para entregar alimentos, sin embargo, el propósito era abusar de él.

La PDH recibió la denuncia el 16 del mismo mes, y fue allí donde se iniciaron las diligencias para aprehender a los sindicados.

Por su parte, Sergio Morales, representante de esa institución condenó el hecho y pidió que se haga justicia.

http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=62770&fch=2010-02-17

Aspiring Film Directors on Violence Against Women

Action for Women is the YouTube channel for a film competition for aspiring directors on Violence against Women.

Every day, many women around the world are victims of various types of violence, ranging from sexual abuse to mobbing, from domestic violence to stalking to socio-cultural discrimination. Most of this violence is never reported due to shame or fear but it is a social evil.

The Council of Europe and the Italian Chamber of Deputies are involved in an awareness campaign about this problem, a problem that knows no geographic border and leaves no socio-cultural group untouched. The Action for Women competition is part of this campaign.

The winning short film will be awarded with a special screening at the 67th Venice International Film Festival 2010.

A la deriva ¿Qué pasa con los hijos de las mujeres asesinadas?

Paola Hurtado | El Periódico

La asesinaron en un bar de la zona 6. No era prostituta. Tampoco pandillera ni narcotraficante. Era la agente de seguridad del lupanar desde hacía un mes, se llamaba Gladys y no le dio tiempo de detonar su arma. Dejó seis hijos hambrientos y sucios, un esposo deprimido y una casa a orillas del barranco que se cae en pedazos.

Viven cerca de las pestilencias del basurero de la zona 3, en un terreno escabroso con vista a los osarios del Cementerio General. Su casa es una guarida de gatos peleoneros: los niños riñen todo el día mientras el padre trabaja como albañil en el camposanto. El hombre de 59 años está demasiado ensimismado para que le importe que los niños llegan a la escuela con los piojos colgando, arrastrando los zapatos rotos y la ropa raída. O que cuatro de ellos no existen legalmente porque nunca fueron inscritos en el Registro Nacional de Personas. O que la niña mayor, la que asumió el rol materno a sus 15 años, se sienta en el pupitre con las manos apretándose el vientre y cubriéndose los genitales, y se mantenga sola y enojada con el mundo.

“Es urgente la atención psicológica. Posible abuso sexual”, se lee en el informe sobre la niña. Es el reporte que las dos trabajadoras sociales rindieron después de visitar a la familia para determinar la situación en que vive después de la muerte de la madre. El estado de la niña no era el único preocupante. La hermana de 7 años y el niño de 8 padecían de infección urinaria y anemia. La de 12 años sufría de amenorrea y la de 13, de infección de oído y tos recurrente.

La familia de Gladys es uno de los 29 expedientes de mujeres que murieron de forma violenta y a cuyos hijos investigó un grupo de 10 alumnas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).

Las universitarias recibieron el encargo de la oficina de la Comisionada Presidencial Contra el Femicidio de presentar un diagnóstico psicosocial y económico de las víctimas colaterales de los casos de femicidio en el departamento de Guatemala. Trabajaron con base en un listado proporcionado por el Ministerio Público (MP) de mujeres que fueron asesinadas entre 2007 y 2009. La investigación se realizó entre octubre y noviembre de 2009 y los resultados fueron presentados la semana pasada.

Los casos provinieron de las 4 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida encargadas de investigar los delitos que atentan contra las mujeres. Entre 2007 y 2009 la Policía Nacional Civil (PNC) registró más de 2 mil homicidios de mujeres.

Sin embargo, el listado que el MP proporcionó a los investigadores a través de la oficina de la Comisionada se limitó a 29 expedientes por ser las únicas víctimas del departamento de Guatemala, que la Fiscalía tenía certeza de que eran madres y contaba con una dirección para localizar a sus familiares. Todos los procesos estaban en fase de investigación.

A partir de esa lista, Elsa Arenales, coordinadora del departamento de extensión de la Escuela de Trabajo Social, repartió el trabajo entre una decena de estudiantes.

El listado se redujo a 23 casos después de descontar 6 que no correspondían al departamento de Guatemala. Luego el MP les remitió 16 más pero eran los mismos de la lista inicial con excepción de dos. Después de dos meses de búsqueda sólo fue posible localizar a los hijos de 9 mujeres asesinadas, 25 niños en total.

Lo que encontraron las investigadoras sobrepasó sus prudentes expectativas. Ninguno de estos 25 menores, determinaron, vive en condiciones aceptables. Todos requieren de atención psicológica. Muchos viven en situaciones desastrosas: niños enfermos física y emocionalmente, separados de sus hermanos y familiares cercanos, malnutridos, sucios, tristes. Pequeños que fueron arrancados de sus viviendas (algunas aún permanecen acordonadas con la cinta amarilla del Ministerio Público) y, en algunos casos, fueron testigos del asesinato de su madre.

La muerte de estas madres no sólo resquebrajó el núcleo familiar. Provocó, en el mejor de los casos, que sus familiares asumieran la responsabilidad de sus hijos y pasaran de la pobreza a la pobreza extrema. Los pequeños con menos suerte quedaron en manos de parientes lejanos, conocidos o vecinos sin que mediara ningún trámite legal o registro de en manos de quién están. Hay hijos de mujeres asesinadas que se convirtieron en pandilleros. Y eso que sólo se trata de nueve casos. La pregunta que Elsa y sus investigadoras se hicieron fue: ¿y cómo estará el resto?

Las otras víctimas

Alba Trejo, comisionada presidencial contra el Femicidio, se preguntó qué pasaba con los hijos de tantas mujeres que matan en el país. Más de 4 mil mujeres han muerto de forma violenta a partir de 2001, cuando se empezó a llevar el conteo. Según la Policía Nacional Civil, 722 mujeres murieron en 2008 y 716 en 2009. Eso equivale a casi 2 mujeres por día.

En el país se han hecho más de 70 estudios sobre las muertes de mujeres, expone Trejo. La mayoría de ellos fueron financiados por la cooperación internacional y profundizan sobre quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios.

Pero nunca se ha estudiado a fondo a las otras víctimas de estas muertes: los niños.

Trejo enviudó en junio de 2008. El padre de sus hijas, el entonces ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, murió trágicamente al precipitarse el helicóptero en el que viajaba junto con su Viceministro de Petén a la capital, un accidente que aún no ha sido esclarecido. Percatarse de que su caso se replica a diario, para cientos de familias, motivó a la ahora funcionaria a promover un diagnóstico de qué está pasando con los hijos de las mujeres asesinadas: ¿qué pasa cuando se rompe de esta manera el tejido social? ¿y qué estrategias integrales se deben definir para atenderlos?

La Escuela de Trabajo Social aceptó colaborar con el proyecto. Los hallazgos del informe preliminar fueron presentados la semana pasada a los periodistas, instituciones relacionadas con la niñez y representantes de la cooperación internacional.

Una de las conclusiones de esta primera entrega del estudio, explica Trejo, es que aunque en el país existe un protocolo de atención a los niños en situación de riesgo este no se aplica para los hijos de las mujeres asesinadas. No hay una instancia que se encargue de detectarlos, registrarlos y darles seguimiento. Los pequeños quedan a la deriva y no se sabe con exactitud en manos de quién. Ninguna institución está prestándoles atención psicológica ni médica. No hay estudios que determinen si las personas que se quedan bajo su cuidado tienen la capacidad de hacerlo. Los niños rara vez forman parte de los expedientes de sus madres asesinadas –prueba de eso es el reducido listado que remitió el MP– y cuando sí figuran nadie asume la responsabilidad de seguirles el rastro. No atender a estos pequeños los sitúa en el alto riesgo de perpetuar la violencia de la que fueron víctimas.

“La mató mi papá”

Los primeros hallazgos de las trabajadoras sociales fueron que en las direcciones ya no vivía nadie que pudiera dar razón por la familia de la mujer asesinada. O al menos así se los informaron los nuevos inquilinos de las casas y vecinos. El miedo de hablar fue una situación recurrente. En otros casos –los menos– sí encontraron en los alrededores información sobre el paradero de las familias y preguntando y preguntando consiguieron dar con nueve casos.

Las investigadoras trabajaron en parejas y los casos pertenecían a barrios populares o marginales. Para los adultos utilizaron cuestionarios de preguntas abiertas; y a los niños los sometieron a dos pruebas que revelaran su estado emocional: les pidieron dibujar un árbol y a su familia. El primero refleja cómo se siente el niño; el segundo, cómo se siente dentro de su familia.

“A mi mamá la mataron”, contó con normalidad una diminuta niña que dibujaba a su madre. Un niño que vive en la zona 5 y que se había negado a pintar aceptó a conversar varias horas con Liliana Ortega, la trabajadora social. De pronto soltó: “Es que mi papá mató a mi mamá”.

Ninguno de los niños encontrados había recibido atención psicológica. Ni siquiera el pequeño de 8 años a cuya madre y abuela masacraron los pandilleros en la zona 18.

“Todos los casos nos impactaron, pero algunos rebasaron lo que creíamos posible de encontrar”, cuenta Arenales, la coordinadora del proyecto. De dos niñas tienen sospechas de que están sufriendo abusos sexuales. Hay un menor que está en manos de sus abuelos que podría padecer de retraso mental y no está recibiendo la atención necesaria. Y hay dos chicos que ya recibieron impactos de bala y quedaron gravemente dañados, presuntamente por su participación en pandillas.

Atención integral

Una de las quejas más frecuentes que detectaron las investigadoras con las familias de las mujeres asesinadas fue que el caso no había sido resuelto. “Aquí nadie había venido a preguntarnos nada. Usted es la primera”, le relató una familia a Ligia Zavala.

El cuadro más frecuente que encuentra el MP cuando se investiga el crimen es que los huérfanos quedan en manos de abuelas o tías. Y en muy pocos casos con los padres o hermanos mayores, cuenta un agente fiscal.

Aunque la mayoría de familia tiene las mejores intenciones de hacerse cargo de los huérfanos no todas están en la capacidad de hacerlo, advierte Arenales. La trabajadora social plantea la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de llevar un control de qué sucede con ellos. “No estamos planteando que se institucionalicen, no, pero sí que se sepa en manos de quién quedan y si esa persona tiene los recursos económicos y afectivos para hacerse cargo de los niños”, plantea.

A raíz del estudio se propuso la creación de una clínica que brinde atención integral y gratuita a las víctimas colaterales de las muertes violentas de mujeres (incluyendo a los adultos afectados por la muerte de la mujer). Esta debería contar con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Estuardo Gálvez, rector de la Usac, asegura que esta unidad podría empezar a funcionar en abril en el antiguo Paraninfo Universitario, zona 1, y estaría a cargo de estudiantes que cursan la práctica supervisada y profesores.

Actualmente, la Unidad de Psicología de la Escuela de Trabajo Social de la Usac le da terapia a tres de los niños que fueron objeto de estudio, pero no está en la capacidad de atender a todos.

Según un estudio presentado por el Ministerio de Gobernación en 2008, el 61 por ciento de los femicidios en la capital son producto de la violencia intrafamiliar y el 45 por ciento ocurre en la vivienda de las mujeres. El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi) adscrito a la Secretaría cuenta con unidades para brindar atención psicológica, médica y legal a las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, las víctimas colaterales de los asesinatos de mujeres no son parte de la población que atienden Arenales reconoce que estos 25 niños y 9 casos que figuran en el diagnóstico sólo les permitieron asomarse a un problema del cual se desconoce su magnitud. “Esta investigación debe continuar y deben ponerse en marcha medidas concretas”, expone. A partir de este diagnóstico la Escuela se interesó en estudiar qué sucede con los hijos de los pilotos de buses asesinados.

Los dibujos fueron tomados de los expedientes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).

http://www.elperiodico.com.gt/es/20100207/domingo/136565