A través de análisis y estudios a tribunales de primera instancia, penales, de familia, Ministerio Público, Inacif y Policía Nacional Civil la Procuraduría de Derechos Humanos concluyó en un informe sobre la aplicación de la ley contra el femicidio, que los jueces son renuentes a los cambios y a la ley contra el Femicidio.

POR CRISTINA BONILLO Ciudad de Guatemala

Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos presentó ayer el informe que evalúa los dos años de aplicación de la ley contra el femicidio, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos (Oacnudh), el cual será trasladado directamente a la relatora de ONU contra la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo.

El informe platea cambios importantes respecto al Código Penal explicó Lesbia Tebalán, asesora del procurador en temas de impunidad.

Explicó que en dos años apenas hubo 64 sentencias en base a esta ley (no todas condenatorias), y que las agencias del Ministerio Público especializadas en temas de femicidio tenían hasta el día de ayer y desde la aprobación d e la ley 395 investigaciones en marcha de las que solo 8 se tipifican como femicidio.

Tebalán explicó que los jueces y fiscales aplican en muchos casos el precepto de homicidio según establece el código penal, o el de asesinato, que contempla las mismas penas que el femicidio, sin embargo permite medidas sustitutivas y conmutabilidad de la pena, algo que no perite el delito de femicidio.

Entre las recomendaciones, está que el estado comprenda que el problema del femicidio “va más allá de la persecución penal hay que atacare una cultura que va contra la mujer, el femicidio demuestra odio contra la mujer”, dijo Morales. El procurador instó a que instituciones como el Ministerio de Educación o el de Cultura se involucren más en temas educativos y de concienciación para atajar el problema de la violencia contra la mujer. “Tiene mucho que hacer todo el estado”, apuntó.

El representante de la OACNUDH, Alberto Brunori, explicó que se enviará este documento a la relatora y según los procedimientos a seguir en estos casos posiblemente puede pedir al estado algún tipo de aclaración sobre las denuncias presentadas en el informe. Además señaló que servirá de insumo para la oficina y para realizar su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el país.

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