Tres mujeres, muchas historias de vida, trabajo y liderazgo

Son personas con vida diferente y distantes. Con experiencias, batallas, derrotas y logros propios, pero que comparten la misma lucha a favor de su sector.

Por Agustín Ortiz | Diario de Centro América

Entre unas y otras hay cientos de kilómetros de distancia. En algún momento se han cruzado sus caminos, pero no ha habido un lazo que las una, más que lo que tienen en común su liderazgo. Son tres mujeres con vidas diferentes y distantes. Con experiencias, batallas, derrotas y logros propios, pero que comparten la misma lucha a favor de su sector.

Como ellas, cientos de lideresas hacen de heroínas anónimas en sus comunidades sin que la sociedad se entere o mucho menos les reconozca su esfuerzo, trabajo, dedicación, y hasta sacrificio. Provienen de los rincones más lejanos de Guatemala. Viajan días enteros para llevar sus conocimientos o seguir enriqueciendo los que tienen en su lucha por una sociedad equitativa, más justa e incluyente, como ellas dicen.

María González, maya-K´iche´, originaria del cantón Chicuá, Quetzaltenango

“Veía en mí la necesidad de desempeñarme en la sociedad”

“Veía en mí la necesidad de desempeñarme en la sociedad”

A sus 22 años de edad, su nombre es reconocido en gran parte de Quetzaltenango. Su liderazgo y vocación de servicio la han llevado a participar en diversas organizaciones locales y regionales de mujeres, principalmente en el área de capacitación en aspectos productivos.

A los nueve años dejó la escuela. Su familia no podía seguir sosteniendo sus estudios. Pero su deseo de superación pudo más que los obstáculos. “Veía la necesidad de tener una carrera para desenvolverme de una mejor manera en la sociedad”, dice con tono firme. Fue así como comenzó a involucrarse en capacitaciones.

En 1998 conoció la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (Amuted). Para 1999 ya era parte del equipo técnico de capacitación. En el 2000 comenzó como maestra de tejido de palitos. Luego se involucró en temas de género, derechos humanos, política y autoestima. Considera que su mayor logro en todo ese tiempo ha sido haber roto el silencio. “No me puedo quedar callada si veo que alguien maltrata o discrimina a alguna mujer”, asegura.

Se define como una mujer independiente y capaz de compartir funciones con los hombres. Actualmente estudia el último año de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Derecho y espera ingresar a la universidad el año próximo.

Gónzalez, además de compartir sus conocimientos en tejido, ha hecho de esta actividad una importante fuente de ingresos económicos familiares.

Felipa de Jesús Pop, maya-Q´eqchi´, originaria de Pocolaj, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

“Quiero capacitarme para ayudar a otras mujeres a salir adelante”

“Quiero capacitarme para ayudar a otras mujeres a salir adelante”

En su comunidad la conocen como doña Filomena. No sabe hablar bien el español, por lo que a veces tiene que mezclar su idioma materno en la conversación, sin que ello impida que exprese lo que piensa.

Hace 22 años inició, junto con 60 mujeres de ocho comunidades de San Pedro Carchá, un proyecto de mujeres tejedoras en un intento de abrir espacios para la participación productiva de las féminas. De ellas solo quedan 30. “Como no tenemos donde vender nuestros productos, ellas se fueron desanimando”, indica.

Sobre derechos humanos, género, política y otros temas de incidencia no sabe mucho, pues asegura que hasta ahora solo se han centrado en el tema productivo. “Las mujeres de mi comunidad no salen de sus casas. A mí me gustaría que conocieran otras experiencias para mejorar nuestro trabajo y yo quiero abrir esa puerta”, señala con un poco de dificultad en su castellano.

Gracias a la organización lograron tener cinco telares de pedal, tres para corte, cinco para chalinas, individuales y centros de mesas, con los cuales producen una gran variedad de productos. “Siempre que salgo llevo conmigo algo de lo que producimos para vender y que nos conozcan”, dice. Hace un año falleció su esposo y, como ella, la mayoría de las mujeres de su organización son viudas y dependen de su producción, ya que son el sostén de su familia.

Lucía Guillermina de Montejo, maya-Popti´, originaria de Jacaltenango, Huehuetenango

“Estoy consciente de que he hecho lo que he podido; de algo ha de servir”

“Estoy consciente de que he hecho lo que he podido; de algo ha de servir”

Si alguien puede hablar con propiedad de liderazgo, es Lucía Guillermina. En pleno conflicto armado interno, hacia 1983, comienza a organizar a las mujeres motivándolas a estudiar, pues siempre creyó que la educación es la base para salir de la pobreza y la exclusión y superar la inequidad en general.

Así lideró los primeros esfuerzos de alfabetización de mujeres en su región, cuando aún no tenía un alto nivel académico. Sus padres le habían “dado” hasta sexto primaria y, para ella, eso era suficiente para ayudar a otras personas que nunca conocieron las aulas de una escuela. “Fueron 53 mujeres las que alfabetizamos primero”, recuerda con exactitud.

En la medida que trabajó con mujeres fue reconocida. Entonces comenzó a comprometerse en otras organizaciones. Hacia 1990 se involucró en el tema productivo y capacitó a mujeres en artesanía. Dos años más tarde incidió en el movimiento cooperativo, principalmente en las áreas de San Marcos, Sololá y Huehuetenango.

Lucía Guillermina sabe qué es sacrificarse. “A veces no tenía ni para comer y lo utilizaba para mis pasajes cuando tenía que ir a capacitar”, rememora. Además tuvo que pasar mucho tiempo lejos de su familia, entre ellos sus hijos. “Pero ha valido la pena. Ellos sí pudieron estudiar y tienen lo que yo no pude tener”, asegura quien ahora preside una organización de segunda categoría dedicada al tema de salud, seguridad alimentaria y apertura de mercados.

http://dca.gob.gt:85/archivo/091112/nacional6.html

Inquieta vulnerabilidad a VIH en mujeres jóvenes

SEÑALAN LA URGENCIA DE IMPULSAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS ANTE EL ALTO NÚMERO DE CASOS, en especial entre las edades de 20 y 24 años.

Maby López

2-1_amplia“Cada día, más mujeres jóvenes son infectadas y el VIH llega a sus casas por la promiscuidad de sus parejas”, expresó ayer Sonia Escobedo, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), en relación a lo que se considera una alta incidencia del virus en la población femenina del país, particularmente la comprendida en el rango entre 20 y 24 años de edad.

“Necesitamos que tengan información adecuada y oportuna en materia de educación sexual y reproductiva para que puedan tomar decisiones acertadas”, señaló la funcionaria.

Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) correspondientes al año pasado indican que el 18.4% de los contagios en ese rango de edades se registró en mujeres, y el 13.09% en hombres.

En opinión de Escobedo, ello implica un cambio en la tendencia que se daba anteriormente y lleva a pensar que las mujeres están siendo contagiadas por sus compañeros de hogar pues, según estadísticas, la mayoría de ellas son casadas o con una sola pareja.

Mientras tanto, Raúl Boyle, coordinador en Guatemala de la Organización de las Nacio-nes Unidas para el VIH-sida (Onusida), considera que así como sucede en varios países de África, la epidemia podría estarse “feminizando” entre la población guatemalteca. En su opinión, las causas pueden ser varias y estar relacionadas con situaciones como la violencia contra las mujeres y la falta de educación sexual.

A lo anterior añade la “no negociación” entre las parejas, pues en muchas regiones, por la cultura de machismo que persiste, el hombre tiene varias parejas, visita prostíbulos y, cuando mantiene relaciones sexuales con su esposa, no le da la opción de protegerse y usar preservativo.

Se trató de contactar a Mariel Castro, directora del Programa Nacional de Sida, pero no respondió a las llamadas, por lo que no se pudo conocer su opinión al respecto.

http://www.dca.gob.gt/nacional2.html

Pide a padres no obedecer reglamento de planificación

Por Jéssica Osorio

El ministro de Educación, Bienvenido Argueta —derecha—, habla en el Congreso sobre la Ley de Planificación.

El ministro de Educación, Bienvenido Argueta —derecha—, habla en el Congreso sobre la Ley de Planificación.

Los jerarcas de la Iglesia Católica están dispuestos a hacer valer su postura respecto de la educación sexual y llamaron ayer a los padres de familia a resistirse a las normas que impone el nuevo reglamento de la Ley de Planificación Familiar, en vigor desde el viernes último.

El cardenal Rodolfo Quezada Toruño, en conferencia de prensa, sugirió a los padres practicar la desobediencia civil, amparada en la Constitución de Guatemala, para hacer valer su derecho de decidir qué tipo de educación darán a sus hijos.

El jerarca católico fue tan contundente en su rechazo que incluso mostró un aspirador manual endouterino, que se utiliza en hospitales y clínicas locales para provocar abortos, lo cual también rechazó ante la prensa reunida en la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG).

“No es que la Iglesia se meta en lo que no le importa, que sea retrógrada, acompañamos a los padres de familia para hacer valer su derecho (…) cuánto van a ganar las fábricas de anticonceptivos y esas porquerías”.

Por su parte, asociaciones de mujeres continuaron defendiendo la necesidad de información para evitar que continúen aumentando los embarazos en adolescentes y la mortalidad materna.

Inconstitucional

Los religiosos expusieron que no es posible que un reglamento entre en vigor cuando tiene 20 inconstitucionalidades, no promueva la abstinencia sexual entre niños y adolescentes, y busque favorecer a compañías dedicadas a la comercialización y fabricación de profilácticos.

La inconformidad de los católicos se extiende hasta los contenidos relacionados con la educación sexual que deberán ser impartidos en los grados de primaria y la manera en que esta será divulgada en los establecimientos escolares, lo cual, afirmaron, no debería quedar a cargo del Estado, sino mantenerse en manos de los padres de familia.

Incluso presentaron una guía elaborada por la CEG denominada “Educación para el Amor”, la cual aseguraron que promueve la educación sexual de una manera responsable entre los padres de familia y docentes.

La Constitución los ampara

El Cardenal fundamentó en el artículo 45 de la Constitución la libertad de los padres a decidir, el cual habla de la legitimidad del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en esa norma, y en el 47, que se refiere al derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.

Quezada no anunció acciones legales en contra de la norma, pero dijo: “Vamos a apoyar a los padres de familia para improbar las inconstitucionalidades (…), en esto no se debe meter tata Estado ni nadie que atropelle un derecho constitucional”.

“Vean esta belleza”

Uno de los momentos más importantes de la conferencia fue cuando el jerarca católico sostuvo entre sus manos un aspirador endouterino, el cual calificó de aberración médica, y explicó que defiende su postura aun en contra de lo que opinen organismos nacionales y asociaciones locales. Agregó: “Hay anticonceptivos y anticonceptivos… vean esta belleza”.

La manera en que se utiliza ese dispositivo fue explicada por Estuardo Herrera, médico, quien dijo que este promueve el aborto, y enfatizó en que nadie estaría contento si a su esposa se le suministraran métodos anticonceptivos sin informarle de sus consecuencias.

Geraldine Veiman, médico, refirió que el método adecuado para evitar embarazos es la abstinencia, la cual ha reducido el número de contagios de sida. Comentó que es incorrecto entregarle un anticonceptivo a un adolescente porque su criterio aún está en formación.

Dora Ileana de Antillón, de la pastoral de la Familia, finalizó la conferencia y opinó: “Tenemos abogados, pedagogos, médicos, y no es un llamado a la desobediencia, sino a que asumamos nuestro papel como papá y mamá, y es que nadie tiene derecho de meterse en nuestra cama”.

Un análisis presentado por De Antillón indica que la planificación familiar debe estar limitada al Ministerio de Salud, pero que con ese reglamento se involucró al de Educación, lo que significa que se estará orientando a la niñez para que inicie su actividad sexual a temprana edad.

Aseguró que la Iglesia Católica tiene sus propias guías y orientaciones claras, emanadas desde el Vaticano y el Pontificio Consejo para la Familia, por medio de varios documentos.

Otros especialistas invitados por la CEG explicaron que no se les puede hablar de la masturbación como método liberador de energía a niños de 10 años ni se puede promocionar en forma indiscriminada el uso de condón.

Quezada Toruño no descartó reunirse próximamente con los encargados de dirigir la iglesia evangélica, para definir una posición en conjunto, pero remarcó que con las autoridades de los ministerios de Salud y Educación lo hará si ellos le piden cita.

Integrantes del Observatorio de Salud Reproductiva criticaron la postura de la Iglesia, debido a que en el 2008 murieron más de 300 mujeres por hemorragia durante el parto.

Myrna Ponce, integrante de ese observatorio, expuso: “Hay una mala interpretación, y se debe leer a cabalidad todo lo que conlleva la organización del Estado; no se trata de enriquecer a las entidades que se dedican a comercializar esos productos”.

Por aparte, Marco Rodríguez, miembro de la Alianza Evangélica, informó que darán a conocer su postura oficial el lunes.

Ayer comenzaron a circular varios correos de padres de familia en los cuales llaman a organizarse y manifestarse en contra del reglamento.

Educación: “Escolares deben tomar decisiones”

El ministro de Educación, Bienvenido Argueta, dijo ayer que los escolares tienen derecho a conocer sobre educación sexual para tomar decisiones en un marco de “responsabilidad y libertad”, y que estos aprendizajes se iniciarán en el ciclo escolar del 2010.

El funcionario afirmó que la Ley de Planificación Familiar establece parámetros enmarcados en lo que debe ser parte de un aprendizaje integral.

Las declaraciones de Argueta fueron externadas en los pasillos del Congreso, luego de una reunión que sostuvo con el diputado Arístides Crespo.

“Ningún sistema educacional tiene sentido si los ciudadanos no toman decisiones por ellos mismos; es por ello que lo que el ministerio garantiza es una educación integral que permita no solo conocer todo lo relativo a la educación sexual, sino también que las personas puedan tomar decisiones inteligentes a futuro”, expresó.

Argueta enfatizó: “Yo considero que los escolares tienen derecho a conocer todo lo que corresponde a educación sexual”. El ministro de Educación comentó que los cursos sobre este tema comenzarán a impartirse en enero.

Al ser consultado sobre los métodos a utilizar dijo que hay posibilidad de que sean escritos y audiovisuales, como videos, incluso estudio de casos, porque considera muy preocupante el incremento en el número de embarazos en adolecentes.

Respecto de la postura de las iglesias, el funcionario dijo: “Creo que las iglesias tienen derecho a tener su opinión”. Argueta informó que se ha reunido con la Alianza Evangélica, con la cual tuvo conversaciones, y además buscará un acercamiento con la Iglesia Católica”.

El Mineduc trabaja en la actualidad, junto con universidades, en los programas de profesionalización de docentes, además de dar capacitación.

“Yo me empecé a entrevistar con sectores que han conocido el marco de la ley y que han reconocido que esta es una necesidad”, expuso.

Normativa: Atribuciones

Funciones atribuidas al Ministerio de Educación:

– Revisar, actualizar e implementar, al menos cada cinco años, el pénsum.

– De primero a tercero de primaria debe incluir conocimiento de sí mismo y cuidado personal.

– De cuarto a sexto de primaria: reproducción humana, crecimiento y desarrollo, órganos sexuales, sexualidad y ética, embarazo, maternidad y paternidad responsable, infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.

– Elaborar, en los tres meses siguientes a la aprobación del reglamento y después cada año, un plan de actividades para la promoción de la salud reproductiva.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/noviembre/06/353982.html

Cardenal llama a desobediencia civil por Ley de Planificación Familiar

Nacionales: Jueves, 05 de Noviembre de 2009

Luis Arevalo | larevalo@lahora.com.gt

REPRODUCCIÓN: Decreto contendría hasta 20 inconstitucionalidades

Rodolfo Cardenal Quezada Toruño muestra uno de los aparatos utilizados para la planificación familias, y que la Iglesia Católica considera peligrosos para la salud de la mujer. FOTO LA HORA: FÉLIX ACAJABÓN

Rodolfo Cardenal Quezada Toruño muestra uno de los aparatos utilizados para la planificación familiar, y que la Iglesia Católica considera peligrosos para la salud de la mujer. FOTO LA HORA: FÉLIX ACAJABÓN

Luego de la publicación del reglamento de la Ley de Planificación Familiar, único requisito pendiente para que entrara en vigencia, líderes de la Iglesia Católica -encabezados por monseñor Quezada Toruño- expresaron su rechazo a dicha normativa.

Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, arzobispo metropolitano, manifestó que la Iglesia no está en contra de que exista una educación sexual y, que al contrario, ellos también la promueven; pero sí están en contra de cómo, quiénes y los efectos que la aplicación del recién aprobado reglamento pueda tener en la sociedad.

Por su parte Humberto Gracioso, miembro de la Conferencia Episcopal de Guatemala, agregó que el reglamento contiene por lo menos 20 inconstitucionalidades y resaltó, entre éstas, las violaciones a los artículos 45, 47, 71 y 73, los cuales promueven el derecho de cada persona a elegir el tipo de educación que se le quiera dar a los pequeños.

Quezada Toruño explicó que, además de estas inconstitucionalidades, el reglamento viola el derecho natural que tienen los padres de familia a decidir qué educación darle a sus hijos. “El Estado tiene la obligación de no atropellar con reglamentos u otras disposiciones el derecho natural de los padres de familia”, afirmó el líder católico, por lo que llamó a la desobediencia civil de esta ley, y hacer caso omiso de ella en consecuencia.

“Llamamos a la no utilización de estos métodos educativos, ni en el hogar y mucho menos en las escuelas”, afirmo Quezada Toruño, al referirse a que los padres de familia deben de hacer caso omiso a dicho reglamento.

Gracioso agregó que el reglamento pretende incentivar -a los niños desde los diez años de edad- a la utilización (o por lo menos la portación) de anticonceptivos, y obliga a los centros educativos a incluir dentro de sus currículos la educación sexual, “lo cual no es saludable para los pequeños, ya que el único efecto que tendrá es que tengan relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados y por ende la cantidad de abortos se incrementará”, afirmó.

Por otro lado, Estuardo Carrera, miembro de la Iglesia Católica, detalló que los efectos de la utilización de anticonceptivos en las mujeres a tan temprana edad, serán nocivos y los daños que causarán en su organismo, para cuando termine su ciclo reproductivo, van a ser severos.

Por su parte, como “porquerías” denominó cardenal Quezada Toruño a la mayoría de anticonceptivos que se venden en el país y los que pretenden que los niños consuman.

Carrera agregó que, otra de las preguntas que surgen, es a qué empresas les darán el derecho a suministrar los anticonceptivos que pretenden que los niños utilicen, “ya que hay empresas que menciona que son de dudosa transparencia”, comentó.

A manera de conclusión, informaron que entre el 19 y el 21 de noviembre, la Iglesia Católica estará entregando a más de tres mil docentes de todo el país un manual pedagógico para la educación sexual, en el hogar y en la educación, cubriendo desde la primaria hasta los básicos. Además, realizarán una propuesta al Congreso de la República para que la tomen en cuenta.

http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=58007&fch=2009-11-05

Y cuando despertó,su rostro ya no estaba allí

WATCH VIDEO UPDATE HERE – VEA EL VIDEO ACTUALIZADO ACA

Habría sido una de las tantas mujeres que aparecen torturadas y asesinadas en un terreno baldío. Pero ella sobrevivió. Despertó a orillas de un río, desnuda y con el rostro arrancado. Pensó que sólo se trataba de una pesadilla.

Por: Paola Hurtado

Mindy Rodas antes y después. Desde la agresión la joven de 21 años cubre su rostro con una mascarilla. Le espera un largo camino de cirugías. Foto: Walter Peña

Mindy Rodas antes y después. Desde la agresión la joven de 21 años cubre su rostro con una mascarilla. Le espera un largo camino de cirugías. Foto: Walter Peña

Al llegar al puente El Tablón, Esteban propuso a Mindy que bajaran al río a buscar cangrejos. Habían caminado casi una hora y les faltaba otra para llegar a la aldea Tapalapa, en Casillas, Santa Rosa, pero él no quería tomar un autobús. “Es que no tengo dinero”, le explicó. Caminaron río adentro y perdieron el puente de vista. Quedaron rodeados de milpas y arbustos. Una hilera de casas se observaba a lo lejos. Eran más de las tres de la tarde y, cosa rara, ese día de principios de julio no llovía. Esteban se detuvo a fumar un cigarro.

Mindy lo esperó sentada. Era un favor el que le hacía a su esposo el de caminar a Tapalapa para explicarle a la nueva suegra de él que estaban separados. A cambio, Esteban le daría la pensión mensual de Q800 y alquilaría un cuarto para ella y el niño.

La pedrada en la cabeza la tomó por sorpresa. Mindy no pudo reaccionar al ver la sangre escurriendo en su hombro izquierdo. Lo siguiente que vio, cuenta, fue a su ex marido frente a ella con un cuchillo en la mano. “No lo haga, Esteban”, le rogó. Se desmayó al sentir el filo cortar su frente. Abrió los ojos cuando él la tenía agarrada por el pelo y le sumergía la cabeza en las aguas chocolatosas del riachuelo. No recuerda más.

Al despertar no tenía ropa ni zapatos. Tampoco su cadena alrededor del cuello, ni el bolso, ni el celular. Mindy gritó. Llamó a Esteban. A su cuñada. A la tía de él. Pero sólo se escuchaba la corriente del río.

Le dolía la cabeza y se sentía débil. Notó que la cara le goteaba. Se tocó y no sintió nada: ni su nariz, ni su boca, ni la frente, ni la barbilla. Su rostro era una superficie plana que no paraba de sangrar. “Eso no puede estar pasando. Es una pesadilla”, pensó. Se espabiló con agua, quería despertar. Pero los segundos pasaban y ella seguía ahí, sin rostro, desnuda y sola.

“Yo no firmé nada”

Esteban estuvo preso, pero salió libre. Aunque el Ministerio Público le abrió una investigación por femicidio en grado de tentativa, el juez de Primera Instancia de Cuilapa, Amílcar Colindres, consideró el 17 de julio que el caso se trataba de “lesiones graves”, un delito que tiene medida sustitutiva. Un acta de desistimiento supuestamente firmada por la joven bastó para que Eswin Esteban López Bran recuperara la libertad a finales de agosto.

La fiscal del caso, Blanca Osorio, estaba indignada. Llamó a Mindy Rodas Donis al Hospital Roosevelt, donde llevaba 2 meses internada. “Licenciada, le juro que yo no firmé nada”, contestó la joven de 21 años asustada. Un abogado, le contó, había llegado a convencerla de que desistiera de acusar al esposo. En las 2 ocasiones se negó, incluso cuando le ofreció dinero y le advirtió, relata, de que si no firmaba, Esteban la mandaría a matar.

Ese mismo 3 de septiembre, Mindy pidió egreso en el hospital para ir a explicar a Casillas que le habían falsificado la firma. Una enfermera le regaló la ropa y zapatos que había dejado una paciente anterior. Mindy vendió algunas piezas y reunió Q30 para viajar a Santa Rosa. Le regalaron una mascarilla para cubrirse la cara. Sus heridas todavía no habían sanado.

El agresor seguía libre

“Las lesiones de la paciente no son operables en Guatemala”, explicó un cirujano que evaluó a Mindy Rodas en su consultorio privado. “Lo que ella necesita es una reconstrucción con microcirugía. Y en Guatemala no hay nadie que la practique”. Con la microcirugía se toman partes del cuerpo que preservan arterias y venas y se colocan en las áreas con deficiencia de tejido para reconstruirlas. Las opciones más cercanas para una operación de este tipo están en México y Estados Unidos.

A Mindy le reconstruyeron parte de la frente en el hospital Roosevelt con piel de su estómago y le suturaron la barbilla. Pero aún no tiene nariz ni labios. Su perfil es el de un retrato sin concluir. Le cuesta comer y beber sin derramar la comida. No puede pronunciar los fonemas labiales como la “p” y “b”. Y desde el ataque no ha podido besar a su hijo. Edwin Stiben tiene tres años. “¿Qué te pasó, mamá? ¿te duele?”, le preguntó cuando la vio. Pero ella no ha querido contarle. Quiere decírselo poco a poco. Es una realidad dura de explicar. “Ahora desquítese con el niño. Mejor regálelo para que no la vea así”, le han aconsejado algunas vecinas. Ella hace de oídos sordos.

La joven llegó a la Fundación Sobrevivientes en septiembre, acompañada de su madre y cubierta con una bufanda. Recién había salido del hospital y quería ayuda para que le repararan la cara. Pero en realidad necesitaba apoyo en todos los sentidos. No había sido evaluada por un psicólogo y no tenía un abogado que la representara. Estaba viviendo con la madre Leticia Donis y no consigue trabajo. Y su agresor estaba libre.

Usted sabe que la quiero

Fue un sembrador de tomates el que la descubrió herida al lado del río. Una vecina le prestó ropa. Otro llamó a la Policía. Los bomberos la llevaron al hospital de Cuilapa, pero ahí no había cirujanos. A las ocho de la noche, Mindy llegó al Roosevelt. La tuvieron que anestesiar para limpiarle las heridas.

Tres días después, la joven consiguió un teléfono móvil. “Cómo fue tan ingrato de hacerme esto”, le alegó a Esteban. “¿Cómo va a creer que yo fui?, si usted es la madre de mi niño”, le contestó el muchacho de 24 años. “Que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a hacer”, lo sentenció. El 3 de julio, la Policía detuvo a Esteban. Desde la cárcel de El Boquerón la llamó.

“Sáqueme de aquí. Usted sabe que yo la quiero. Piense en el niño. A saber qué penas va a pasar sola con él”, intentó convencerla.

La realidad es que Mindy sabe bien cómo mantener a su hijo sola. Desde que se casó con Esteban, a los 17 años, pasó penurias. El joven albañil le daba Q100 a la semana, a pesar de que ganaba Q2 mil mensuales. Mindy, que estudió hasta 6o. primaria, siempre tenía que poner todo su salario de mesera o limpiadora de casas para que comieran los 3. “Algunas veces me pegó si le pedía más dinero”, relata. “Me daba trompadas en la cara y me gritaba: ‘Ya le di su gasto ¿para qué quiere más?’”. “Fue un ingrato: después de que le aguanté 4 años de miserias y maltratos me pagó así”, se lamenta.

A principios de este año, Mindy y Esteban se separaron y ella denunció ante el juzgado que dejó de darle dinero y le había pegado. El juez ordenó pagarle una pensión de Q800 al mes y alejarse de ella. Pero Esteban la buscó para pedirle disculpas y la convenció. Volvieron a separarse en julio, cuando Mindy descubrió que Esteban convivía con otra mujer: una niña de 16 años que se presentó como “la novia”.

El 2 de julio, el matrimonio López Rodas volvió a comparecer ante el juez, quien ordenó el pago de Q800 mensuales y le ordenó a Esteban cederle a ella y al niño su casa en Casillas (una habitación adosada a una vivienda multifamiliar) o alquilarles un cuarto. Esteban aceptó, pero le pidió a Mindy el favor: que fueran a Tapalapa a hablar con la madre de la adolescente.

Se juntaron en Casillas el día siguiente, el viernes 3 de julio. Mindy no se percató de que su esposo escondió en la espalda, debajo de la camisa, el cuchillo con el que ella cocinaba. “Cómo creíste en él…”, le pregunta todavía su madre.

“Es una venganza”

Un peritaje grafológico realizado por el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la firma de Mindy Rodas Donis no coincidía con la del acta de desistimiento.

Esteban López fue detenido nuevamente el 2 de octubre y permanece preso. A petición de la fiscal y de Rodman Pérez, el abogado de la Fundación Sobrevivientes, Colindres reformó la semana pasada el delito de lesiones graves por el de intento de femicido. La pena de este delito va de 16.5 a 33.5 años de prisión, mientras que la de lesiones graves, de 2 a 8 años.

El juez explica que Mindy y Esteban tienen acusaciones mutuas de infidelidad. Según declaró el acusado, su esposa tenía múltiples amantes y lo está acusando por venganza, porque él convivía con la joven de 16 años. Mindy asegura que nunca le fue infiel a Esteban.

“Yo llevo nueve años como juez y no es que no me equivoque, pero uno va agarrando experiencia y los indicios le dicen a uno si una persona miente o no. Y, para serle franco, él (Esteban) no me dio ni un solo indicio de que estuviera mintiendo”, comenta el juzgador. Sobre la persona que dejó sin rostro a Mindy comenta que “yo creería que fue uno de los amantes de la señora, uno celoso”. “Y para serle sincero”, agrega, “también dudo del peritaje del Inacif.

Porque los informes se pueden manipular”.

La abogada de Esteban, Jilda Martínez Ruano, asegura que el día de los hechos su defendido estaba trabajando en una cuadrilla de la Municipalidad y que algunas declaraciones de Mindy Rodas han sido incongruentes. Dice que ha considerado renunciar al caso, pero no lo hace porque afectaría a su colega, Alfonso Sol Picholá, a quien se le abrió investigación por tramitar el acta con la firma falsa de Mindy. Sol Picholá refiere que el caso lo tiene “preocupado” porque “la señora me firmó el acta en el hospital, a escondidas porque no quería que se enterara nadie. Me sorprende que se retracte”, dice.

La fiscal Blanca Osorio está convencida de que Esteban no pretendía lesionar a Mindy sino matarla y además dejarla irreconocible. La denuncia de Mindy en abril demuestra que en el hogar había antecedentes de violencia y un peritaje lingüístico solicitado por la Fiscalía al Inacif evaluó el testimonio de la muchacha y determinó que el acusado ejercía una relación de “superioridad y poder de tipo misógino”. El análisis concluye que Mindy era “abusada verbal y físicamente por su esposo”. Estos informes, el examen forense y el testimonio de la joven, opina, serán determinantes en el juicio.

Darle la cara a todo

Antes de perder su rostro, Mindy pesaba 170 libras y adecuaba su comportamiento y vestuario a las exigencias de su esposo: esa falda es muy corta, a quién les estás sonriendo, estás muy pintada. Salió del hospital con 60 libras menos y, a pesar de las terribles circunstancias, libre.

Muchas noches Mindy lloró en el Roosevelt. Llamaba a Leticia llorando: “Mejor me hubiera muerto, mama”. Pero una vez fuera, la muchacha tomó valor y no ha retrocedido. “Siempre que vamos a salir ella corre a arreglarse, se pone aretes y collares, jala sus pinturas y se pinta los pedacitos que le quedaron”, cuenta Leticia. Mindy sale a la calle con mascarilla para evitar las miradas de curiosidad y de espanto, pero en la casa de su madre, a donde se mudó con el hijo, lleva el rostro descubierto.

A la psicóloga y la trabajadora de la Fundación Sobrevivientes que han evaluado a Mindy no deja de preocuparles la actitud tan positiva de la muchacha. Sería más normal verla deprimida, sin querer salir a la calle ni ocuparse de su arreglo personal. Les inquieta la disociación con la realidad y que en cualquier momento se desplome. “Creo que su trauma va más allá de lo que hemos visto”, comenta la psicóloga. La trabajadora social teme que la joven no se haya dado cuenta de la magnitud del problema y de lo que se avecina con las múltiples cirugías a las que deberá someterse a lo largo de varios meses.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, ha cursado varias solicitudes de ayuda para Mindy. Una de ellas llegó a las manos de Zury Ríos, diputada eferregista, quien le solicitó colaboración a tres embajadas y a dos personas del sector privado para encontrar a los cirujanos que puedan operar a la joven, ya sea que ella viaje al extranjero o que los médicos vengan a Guatemala. También se buscan donantes para costear los gastos de hospitalización y traslados.

Mindy dice que ya no quiere acordarse de lo que le pasó –aunque a diario se lo recuerde el espejo–. “Lo que me queda es sacar adelante al niño, darle su estudio y lo que necesite. Quiero recuperarme y ponerme a trabajar. Estoy dispuesta a todo, a darle la cara a lo que venga”, asegura.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20091101/portada/122576/

U.S. May Be Open to Asylum for Spouse Abuse

By JULIA PRESTON

In an unusually protracted and closely watched case, the Obama administration has recommended political asylum for a Guatemalan woman fleeing horrific abuse by her husband, the strongest signal yet that the administration is open to a variety of asylum claims from foreign women facing domestic abuse.

Jim Wilson/The New York Times. Rody Alvarado is shown at a lawyer's offices in San Francisco. The Obama Administration has recommended a granting her asylum.

Jim Wilson/The New York Times. Rody Alvarado is shown at a lawyer's offices in San Francisco. The Obama Administration has recommended a granting her asylum.

The government’s assent, lawyers said, virtually ensures that the woman, Rody Alvarado Peña, will be allowed to remain in the United States after battling in immigration court since 1995.

Immigration lawyers said the administration had taken a major step toward clarifying a murky area of asylum law and defining the legal grounds on which battered and sexually abused women in foreign countries could seek protection here.

After 14 years of legal indecision, during which several immigration courts and three attorneys general considered Ms. Alvarado’s case, the Department of Homeland Security cleared the way for her in a one-paragraph document filed late Wednesday in immigration court in San Francisco. Ms. Alvarado, the department found, “is eligible for asylum and merits a grant of asylum as a matter of discretion.”

An immigration judge’s order granting the asylum is still required, but Ms. Alvarado’s lawyer, Karen Musalo, said that since the government had raised no new opposition, it was highly likely that the judge would approve her claim.

Ms. Musalo, director of the Center for Gender and Refugee Studies at Hastings College of the Law at the University of California, said Ms. Alvarado’s “has been the iconic case of domestic abuse as a basis for asylum.”

Jayne Fleming, a lawyer specializing in asylum at the San Francisco office of the law firm Reed Smith, called the recommendation “a giant step forward.” Advocates and immigration judges, Ms Fleming said, “now have some pretty solid guidelines from D.H.S.”

In a phone interview Thursday, Ms. Alvarado, who has not been detained and lives in California, where she is a housekeeper at a home for elderly nuns, said she was pleased but also a little dazed and disbelieving.

“I thank God it came out well,” she said, speaking in Spanish. “But it wasn’t easy to wait this long for immigration to make a decision.”

She said she hoped the outcome in her case would mean that other abused women would receive quicker decisions from the courts.

Homeland Security Department officials were cautious in assessing the implications of the administration’s recommendation. The department “continues to view domestic violence as a possible basis for asylum,” a department spokesman, Matthew Chandler, said. But such cases, Mr. Chandler said, continue to depend on the specific abuse. The department is writing regulations to govern claims based on domestic violence, he said.

After enduring a decade of violence by her husband, Francisco Osorio, a former soldier in Guatemala, Ms. Alvarado came to the United States in 1995. Over the years, immigration judges have not questioned the credibility of her story. According to court documents, she married when she was 16, and became pregnant soon afterward. In a beating that he apparently hoped would induce an abortion, Mr. Osorio dislocated her jaw and kicked her repeatedly. He also “pistol-whipped Ms. Alvarado, broke windows and mirrors with her head, punched and slapped her, threatened her with his machete and dragged her down the street by her hair,” a court filing states.

In 1996, an immigration judge in San Francisco granted Ms. Alvarado’s asylum petition, but an immigration appeals court overturned that decision in 1999. In 2001, Attorney General Janet Reno threw out the appeals court decision, but did not grant Ms. Alvarado asylum. (Because the immigration courts are part of the executive branch, not the judiciary, the attorney general is the highest legal authority.)

In 2004, the Department of Homeland Security, which represents the government in immigration cases, argued for the first time in favor of asylum for Ms. Alvarado. Attorney General John Ashcroft ordered a new review but did not reach a decision. In September 2008, Attorney General Michael B. Mukasey sent the case back to the immigration appeals court, encouraging the court to issue a precedent-setting ruling. Such a ruling can come only from an immigration appeals court or a federal court.

The large legal question in the case is whether women who suffer domestic abuse are part of a “particular social group” that has faced persecution, one criteria for asylum claims. In a separate asylum case in April, the Department of Homeland Security pointed to some specific ways that battered women could meet this standard.

In a recent filing, Ms. Alvarado’s lawyers argued that her circumstances met the requirements that the department had outlined in April. Now the department has agreed, in practice making the case a model for other asylum claims.

In a declaration filed recently to bolster Ms. Alvarado’s argument that she was part of a persecuted group in Guatemala, an expert witness, Claudia Paz y Paz Bailey, reported that more than 4,000 women had been killed in domestic violence there in the last decade. These killings, only 2 percent of which have been solved, were so frequent that they earned their own legal term, “femicide,” said Ms. Paz y Paz Bailey, a Guatemalan lawyer. In 2004 Guatemala enacted a law establishing special sanctions for the crime.

“Many times,” she said, violence against Guatemalan women “is not even identified as violence, is not perceived as strange or unusual.”

The resolution of her case is coming too late for Ms. Alvarado to be able to raise her two children, whom she has not seen since she left them in Guatemala. The children, now 22 and 17, were raised by their paternal grandparents, whom they call Mama and Papa.

“It has been tremendously painful for me to know that they do not see me as their mother,” Ms. Alvarado said in court papers.

Guatemala ocupa el último lugar en igualdad de género

POR LEONEL DÍAZ ZECEÑA

Guatemala se encuentra en el puesto 111 de 134 países evaluados en el mundo sobre igualdad de oportunidades hacia las mujeres, y constituye el último lugar en Latinoamérica, según un informe divulgado ayer por el World Economic Forum (WEF).

El informe “Reporte de la brecha Global de Género”, analiza la participación económica y las oportunidades en educación, salud y empoderamiento político.

Guatemala es el país que más abajo se ubica en el ranquin en América Latina, por debajo de México, que se sitúa 12 puestos más arriba, en el 99.

Si se compara con Centroamérica, el panorama es más dramático ya que según el reporte, Honduras ocupa el puesto 62; El Salvador, el 55; Nicaragua, el 49; Panamá, el 43, y Costa Rica, el 27.

“El Índice demuestra que lastimosamente el país, a escala global, se ubica únicamente por encima de los países árabes y africanos, aquellos en los cuales no hay garantías ni derechos para las mujeres”, comentó Juan Carlos Zapata, gerente general de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Zapata explicó que entre los puntos positivos resalta que el país se ubica en la posición 89 en el área de remuneración equitativa para trabajos, lo que implica que hay más equidad en esa área, aunque se sitúa en la parte inferior del índice.

“Estamos bajos, ese es un indicador que debe estar mucho mejor, especialmente, al considerar que el 50 por ciento de la población del país son mujeres, y mientras no se avance en esto, será mas difícil que el país crezca ”, agregó.

Oportunidad económica

Amanda Morán, directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comentó que los datos consignados por el WEF reflejan la realidad en el país.

“Hay discriminación al momento de otorgar trabajos, y por experiencia propia, sé que hay factores que dificultan que una mujer ascienda de puesto, porque persiste el predominio masculino y hay prejuicios al respecto”, señaló.

Esto se refleja en el informe, ya que ubica al país en el puesto 110, entre 134, en cuanto a mujeres que llegan a cargos ministeriales.

“Si una mujer es indígena, la discriminación es doble y es difícil ver a una mujer de alguna etnia a cargo de altos puestos, por la discriminación”, afirmó Moran.

La Organización de las Naciones Unidas, en su sondeo de género del 2009, divulgado el lunes recién pasado, explica que uno de los principales problemas para que una mujer pobre en Guatemala obtenga trabajo es la falta de oportunidades.

“En la ciudad de Guatemala, el 40 por ciento de las mujeres trabajadoras que viven en barrios de bajos ingresos deben cuidar a sus hijos ellas mismas, lo que sugiere que no podrán obtener empleos si sus hijos no pueden acompañarlas”, expone el documento.

En la participación de las mujeres en el mercado laboral, el WEF sitúa al país en el puesto 111 de 134.

El gerente de Fundesa refirió que, muchas veces, las mujeres trabajan en el mercado informal, con lo cual no tienen acceso a los derechos laborales establecidos por la ley, y sufren constantemente por violación de estos.

Ana Gladis Ollas, defensora de los derechos de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó que en áreas como maquila se ha detectado violación de los derechos laborales.

“Tienen horarios largos de hasta 10 horas y con salarios incluso por debajo del mínimo”, agregó.

También existen denuncias de acoso sexual y despidos por embarazo, incluso dentro del sector público. “Tenemos 15 casos contra el Estado, entre ellos los ministerios de Trabajo, de Agricultura y la Universidad de San carlos”, expuso.

No hay justicia

Ollas explicó que otro tema pendiente es el de la violencia contra la mujer, ya que con la entrada en vigor de la ley que castiga ese vejamen —el 7 de mayo del 2008— solo se ha llegado a sentencia en 38 casos, en la Ciudad de Guatemala, aunque las denuncias sobrepasan de 16 mil.

“Estos casos quedan en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial, y no hay resoluciones”, afirmó la defensora.

Explicó que tan solo en lo que va del 2009 —a julio— se han registrado dos mil 173 casos de violencia de género.

En el país, el año pasado se registraron 48 mil denuncias, aproximadamente, añadió.

Cifra

111 es el puesto en que se sitúa Guatemala, entre 134 países evaluados por deficiencias en brindar oportunidades a las mujeres, según el WEF.

World Economic Forum establece deficiencias de oportunidades.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/octubre/28/351891.html#

Canary Institute ~ Guatemala News Summary #7, 8 and 9

Guatemala News Summary #7 | Sept 9 – Sept 15, 2009 | Compiled by Patricia Anderson

Mining

Montana Exploradora was caught trying import 100,000 kg of cyanide into Guatemala last week. The Environmental Ministry suspended Montana’s privileges to import cyanide in July because the company has failed to pay cyanide’s import tax since 2005. Montana owes more then US$20,000 in unpaid import taxes. Cyanide is essential to the leaching process of gold and silver.

Health

The National Union of Health Workers has made the decision to officially protest the lack of resources given to the public health sector. Their specific demand is that the Executive branch gives back the US$100,000 that was taken from the Ministry of Health and used for things that damaged peoples’ health. Protests are scheduled for the 11th, 17th and 21st of September. If their demands are not met, say union leaders, they will go on strike.

President Colom dismissed the Minister of Health Celso Cerezo for “inappropriate conduct and mismanagement of the health crisis.” The inappropriate behavior to which Colom was referring was ex-Minister Cerezo’s sprint out of Congress last Tuesday in order to avoid to the press. The Vice-minister of Hospitals was promoted to position of Minister. However, there is little hope that the change in face will change the Ministry of Health’s antiquated approach to the current health crisis. The health crisis is characterized by overlapping crisis of severe malnutrition, lack of medical supplies, hemorrhaging dengue and H1N1.

Adoption

The International Conference of Adoptions identified Brazil, Paraguay and Guatemala as the Latin American countries where babies are most often adopted in an irregular or illegal manner. The Conference said while illegal adoptions occur with government consent, local governments are often under a lot of pressure from adoption agencies in recipient states. The National Board for Adoption reports that before Guatemala’s new adoption law, 5,000 babies were adopted out of Guatemala per year. This year only 155 adoptions have been permitted.

Food Crisis

The United Nations’ World Food Program distributed 20 tons of power bars to Jalapa and Jutiapa last week; these two departments are home to more than 30 percent of the families most affected by the food crisis.

Economy

Even though President Colom decided against raising the minimum wage for textile factory workers, a new proposal for a “productivity bonus” has surfaced. The bonus would raise wages by US$1.75 per day. The current minimum wage in the textile sector is US$5.96 per day. Minimum wage for agricultural workers is US$11 per day. The minimum wage for textile and factory workers has remained the same for the last 14 years.

Guatemala News Summary #8 | Sept 16 – Sept 22, 2009 | Compiled by Patricia Anderson

Poverty

Unlike other Central American countries such as Costa Rica and Panama, Guatemala reports a high frequency of rabies, dengue, rubella, dysentery and whooping cough. Save the Children reports that there are 85,000 children suffering from chronic malnutrition. Infant mortality in children less than 5 years old is 78 per 1000.

Hunger Crisis

President Colom has declared a state of National Disaster in light of the food crisis and drought that has affected more than half of the country. Venezuela, Brazil and Mexico have offered humanitarian aid to Guatemala to combat the crisis that affects more than 2 million Guatemalans. Mexico, in spite of the damage it has suffered from the same prolonged drought, has offered surplus grains; Venezuela is offering large shipments of rice.

The offers come as much needed relief since the UN’s World Food Program (WFP) announced a drastic reduction of operations in the country last week. The WFP cites a lack of financial support as the reason for its pull out. The WFP asks the international community for US$17 million to continue distributing food to high risk populations of children and pregnant women. The European Union pledged US$11 million to finance a joint Guatemala-European program to bring relief to those suffering from chronic hunger in conjunction with educational programs about reforestation, water management and agricultural.

Migration

This month, the number of deported Guatemalan migrants has exceeded 38,000. More than 30,000 Guatemalans came to the US seeking refugee status during the 36 year long civil war and have lived in the United States for 10-25 years. However, a large number of those who asked for political asylum are now targeted for deportation by the FBI; authorities justify the deportations citing irregularities and lack of follow-up in their 10 year-old paperwork.

Climate Change

Ten of Guatemala’s largest rivers are 40 percent lower than their normal levels due to the longest drought in 32 years. Water levels have not been this low since 1992 with El Niño. Only 21 percent of the average rainfall was seen in August and similar levels have been predicted for September and October, the final months of the rainy season. Increased electricity prices and energy rationing are expected because Guatemala runs largely on hydroelectric power.

Guatemala News Summary #9 | Sept 23 – Sept 29, 2009 | Compiled by Patricia Anderson

Coup in Honduras

Following ousted president Manuel Zalaya’s return to Honduras, President Colom changed his stance of support for Zalaya to one of neutrality. The change was urged by Congress after de-facto president Micheletti announced that Zalaya had entered via Guatemala. Several public figures, including Rigoberta Menchu, have asked the government to publicly support Zalaya’s rightful return to power. Despite the change of the government’s official stance, Colom announced that Latin America will not tolerate coup’s like it did in the 70s and 80s.

The vice-president announced the opening of refugee camps for Hondurans fleeing political persecution under the de-facto government. Roberto Micheletti’s de-facto presidency is not recognized by any international government. Additionally, International Monetary Fund reaffirmed Zalaya as the rightful president of Honduras last week.

Mining

Mining royalties are expected to increase by 10 percent this year. As a result, the Ministry of Energy and Mining (MEM) has proposed the creation of a Collective Mining Fund specifically devoted to overseeing the use of mining royalties for rural development. Due widespread rejection of mines by nearby indigenous communities, the proposal also includes raising royalties. The MEM estimates that an ounce of gold sells for more than US$900 on the international market. The MEM proposal advising splitting the profits between the company and the State, with 75 percent of the government’s profits going to the Collective Mining Fund to be passed onto communities in the form of development projects.

Migration

The National Council of La Raza announced last week that Latinos in the United States have experienced more unemployment due to the economic recession than any other ethnic group; more than one million Latinos have lost their jobs since December 2007.

Violence against Women

In the last eight years, more than 4,300 women have been killed in a brutal or violent manner. News source Albedrío says that impunity, corruption, civil insecurity and high levels of inequality create spaces for the perpetuation of violence against women. The new 2008 laws against femicide included, for the first time, a legal definition of femicide and a prison sentence for those who commit it. However, a diagnostic study of the Guatemalan Group for Women (GGW) found that only 26 out of every 100 cases of potential femicide are ever investigated. GGW provides psychological counseling and legal assistance to women who have been victims of violence. GGW’s central work is pressuring Congress in finding justice for those who commit violence against women.

Gender Savagery in Guatemala by Michael Parenti and Lucia Muñoz

By Michael Parenti and Lucia Muñoz

First Publish July 14, 2007

On the outskirts of Guatemala City the body of an 18-year-old woman of indigenous ethnicity was recently discovered by her frantic parents who had been searching long and hard. Forensic evidence showed that she had been repeatedly raped and tortured and that her head had been severed from her body with a blunt knife while she was still alive.

This killing was more than just a passing aberration. Nightmarish crimes against women have been occurring with horrifying frequency in Guatemala. In the last seven years, over 3,200 Guatemalan women have been abducted and murdered, with many of them raped, tortured, and mutilated in the doing. The number of victims has shown a striking increase in the last few years with some six hundred murdered in 2006 alone.

The victims often are from low-income families deracinated from their rural homesteads during the civil war and forced to crowd into Guatemala City and other urban areas in search of work.

We might recall Guatemala’s horrid history of violence. From 1962 to 1996, a popular insurgency was defeated by that deranged murder machine known as the Guatemalan Army, trained, advised, financed, and equipped by the United States. A United Nations-sponsored Truth Commission in 1999 characterized much of the counterinsurgency as a genocide against the Mayan people, a holocaust that left 626 villages destroyed, approximately 200,000 people dead or disappeared, including many labor union leaders, student leaders, journalists, and clergy. Hundreds of thousands more were either displaced internally or forced to flee the country.

Those years of untrammeled massacres provide some context for the current wave of femicide sweeping the country. The 1996 peace accords officially declared an end to the butchery but the war against women continues albeit in more piecemeal fashion. Guatemalan women are enduring the whiplash of decades of dehumanizing violence—boosted by the same kind of deep-seated sexism and gender-specific crimes (rape) that are perpetrated in many societies around the world.

Independent investigators charge that the vast majority of present-day atrocities against women have been committed by current or former members of the Guatemalan intelligence services. Having escaped prosecution for human rights violations during the internal war, these trained killers are now members of private security forces or police and paramilitary units that have been strongly implicated in the crimes of the last seven years.

For the most part, authorities show little inclination to bring the perpetrators to justice. Some officials blame the victims for their own deaths, implying that the women bring it on themselves because of their supposed involvement in gang activities or drugs, or because in some way or another they refuse to lead properly conforming lives within the safe confines of a traditional family and community

Some of the victims indeed may have been entangled in shady operations. But many more have been working women, including those of indigenous stock, trapped in poverty. They are the prime victims of a broader “social cleansing” that reactionary hoodlums are conducting against a variety of groups including street children, teenagers, gays, and homeless indigents, a campaign that has claimed thousands of additional victims.

Guatemala is known as the country of “eternal spring.” Some analysts have called it the land of “eternal impunity,” given how right-wing thugs continue to get away with rape, torture, and murder. Statistics reveal that hardly one percent of the perpetrators are ever tried and convicted and the sentences are outrageously light.

Even those rare cases that make it all the way to a prosecutor’s desk have little chance of resulting in a conviction due to the lack of reliable evidence. Recent reports reveal the continuing failure of investigators to collect and preserve essential evidence from crime scenes. More than ordinary incompetence is operative here. Guatemalan authorities manifest little interest in training skilled cadres who might unearth really damaging information about who is behind the crimes.

Anonymous death threats have been sent to the volunteer exhumation teams that locate and examine the bodies of the murdered women and who try to publicize the evidence they discover. In May 2007 the leader of one such team was informed that his sister would be “raped and dismembered into pieces” if he continued to investigate the crimes.

While these murders may seem like little more than random thrill killings to some observers, in fact they serve a function of social control much as would any form of state terrorism. The violence perpetrated against individuals creates a pervasive climate of fear and horror within the victimized families and communities, thereby discouraging social protest and popular resistance. Instead of organizing around any number of crucial politico-economic issues, many of the demoralized and traumatized families cower in stunned silence.

In time people grow numb to the violence. Feeling helpless they almost routinely check the news each day to see how many additional victims have been reported. The effects on children can be especially telling. Growing up in a climate of fear, they learn that their parents and community cannot keep them safe and that homicidal fury might strike anyone at any time.

Family members of murdered women report that authorities show hostility towards them when they request government intervention.

Guatemala’s legal system is rife with provisions that minimize the seriousness of violence against women, a system codified and enforced by men who have seldom displayed any concern for the safety of women. The Guatemalan Penal Code long reflected this bias, treating domestic abuse as a minor offence and generally offering scant protection from gender-based violence.

Guatemalan president Oscar Berger voices a commitment to confronting the crisis but has done next to nothing. Rather than devoting the necessary resources to investigation and enforcement, Berger appeared on national television in 2005 to announce that, for their own safety, women would do best to stay at home.

In 2005 Guatemala appointed its first female Supreme Court President, Beatriz De Leon, and two years later a female police chief. But there is little indication that high-placed female officeholders are going to buck the Old Boys network. Until the government makes some significant efforts towards implementing the recommendations outlined by human rights organizations (such as Guatemala Peace and Development Network, MIA, NISGUA, GHRC-USA, Rights Action, and Center for Gender Studies), the lives of Guatemala’s women will hang in the balance.

There are some encouraging signs. The Human Rights Committee of the Guatemalan Congress is giving serious consideration to a bill that purports to guarantee life, liberty, dignity, and equality for women along with stiffer penalties for those who physically and mentally abuse women and otherwise violate their rights.

Meanwhile a growing number of Guatemalan women are moving into nontraditional careers. In the upcoming election, at least one hundred women will be running for Congress. Some parties have designed campaign strategies intended to promote electoral victories for more women. At present of a total of 158 seats in the Guatemalan Congress only fourteen are occupied by women.

There also are efforts by human rights organizations to create a central, unified database of femicide victims, as well as an emergency response system for missing girls and women that would include utilization of state-of-the-art internet capabilities, DNA testing, and the like.

Awareness of the atrocities has been reaching other countries and gaining international attention. There is a growing demand from abroad that Guatemalan law enforcement agencies get serious about responding to the gender-based atrocities. The U.S. Congress is being pressured to get into the act. A House resolution condemns the murders and expresses condolences and support to the families of victims. The resolution urges the government of Guatemala to recognize domestic violence as a crime, and to investigate the killings and prosecute those responsible.

The U.S. Senate passed a resolution calling on the Guatemalan Congress to approve the actions of the U.N.-sponsored International Commission Against Impunity in Guatemala. The commission intends to investigate the clandestine groups that use violence to advance their illicit political and financial interests.

Meanwhile innocent and unoffending women continue to suffer nightmarish fates at the hands of misogynistic maniacs who, some years ago, developed a taste for inflicting rape, torture, and death “in service to their country.”

Michael Parenti is a noted author and social commentator. His recent books include Contrary Notions: The Michael Parenti Reader (City Lights); The Culture Struggle (Seven Stories); Democracy for the Few 8th ed. (Wadsworth/Thomson) and The Assassination of Julius Caesar (New Press). See www.michaelparenti.org
Lucia Muñoz is founder and executive director of MIA, Mujeres Iniciando en las Américas, and founder member of Guatemala Peace and Development Network. She has lectured across the United States and Guatemala on the struggles facing Guatemalan women.

Repuntan denuncias de delitos contra mujeres

En la mira / M. Hernández y W. Moctezuma / Siglo 21

200910182302-2-mira02abEn un 46% aumentan acusaciones por violencia en féminas, según el Organismo Judicial.

El número de denuncias por delitos cometidos contra las mujeres aumentó un 46% . En dicha medición se incluyen adultas, niñas y adolescentes. Tal incremento se evidencia al comparar apenas el primer semestre de este año con los 12 meses de 2008, de acuerdo con estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (Cenadoj).

En el caso de mujeres adultas, en 2008 fueron 4,907 acusaciones, mientras que en los primeros 6 meses de 2009 los hechos ya suman 6,579. En el rubro de niñas y adolescentes, aún no es evidente el aumento, pero la cifra del primer semestre (158) ya casi alcanza el total registrado el año pasado (167).

Los datos de Cenadoj dan cuenta de que la violencia contra las féminas es el delito con más denuncias, mientras que la violencia económica y el femicidio ocupan el segundo y tercer lugares (vea: Más acusaciones por femicidio).

Analistas consultados aseguran que la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer lleva 18 meses de haber entrado en vigencia, por lo cual, esta sería la principal causa del aumento en las cifras.

Valentía y apoyo

La coordinadora de la Convergencia Cívico Política de Mujeres, Dora Amalia Taracena, afirma que son dos factores que inciden en que más mujeres denuncien los ilícitos: “La primera es la entrada en vigencia de la normativa, debido a que las damas ya están sujetas a una protección por parte del Estado. Existe una política de proteger a la mujer contra todas las manifestaciones de violencia, incluyendo la violencia extrema que es el femicidio; hay más confianza en hacerlo. En segundo lugar, todo el trabajo que se ha hecho por medio de las organizaciones, en función de trabajo para empoderar a las mujeres, y dar a conocer que estas agresiones son delitos y que hay protección del Estado. Creo que ya hay mas conciencia de sus derechos”.

Alba Trejo, coordinadora de la Instancia de Mujeres contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer, adscrita al Ejecutivo, afirma que las respuestas que han dado las diferentes instituciones también han contribuido. “En este momento existen más respuestas de las instituciones del Estado. Hay habilitados albergues, se ha incrementado las capturas, y la Defensoría Publica Penal tiene oficinas donde brindan apoyo a las mujeres que han sido víctimas. Aunque la Ley no ha sido divulgada como se debiera, al menos entre abogados y fiscales, ya es más conocida”, señala.

Trejo comenta que el Ministerio de Gobernación tiene datos que demuestran que se han incrementado las muertes de mujeres, pero “en muchos casos se debe a que se han involucrado en pandillas”.

Otras causas

El incremento de delitos también sería una causa. El analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), Javier Monterroso, afirma que el incremento se debe a que los delincuentes no son castigados y, por lo tanto, hay más actores de este tipo de crímenes. “Mientras la impunidad en el país continúe y los delincuentes no sean castigados, se seguirán cometiendo este tipo de delitos. Sólo si se incrementa el número de condenas va a bajar el número de delitos cometidos”, explica.

En tal afirmación coincide el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales. A su criterio, más delitos contra las féminas se estarían cometiendo y ello está ligado a temas culturales. “La mujer en la casa, por cuestiones culturales, no denuncia a su pareja. Aunque ahora se vea un aumento, hay muchas más que aún tienen temor. Hace falta campañas que promuevan el acercamiento a entidades que brindan ayuda”, comenta.

Para la activista en derechos de las mujeres Hilda Morales, las denuncias aún no son suficientes. “La falta de salud, seguridad y educación influye muchísimo en la violencia contra la mujeres. Es necesario más conciencia en toda la población”, advierte (lea: Lanzarán campaña regional).

LANZARÁN CAMPAÑA REGIONAL

A partir del 3 de noviembre, Guatemala será la sede de la campaña regional Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que promueve el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Durante este proyecto se realizarán varias actividades como seminarios, conferencias, vigilias, conciertos y ferias, enfocados en la promoción de una perspectiva estratégica e integral para la eliminación de la violencia contra las féminas a nivel regional, nacional y local.

Dicha estrategia se basa en tres pilares fundamentales: adopción de medidas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia No más impunidad; fortalecimiento de las acciones de prevención Ni una más, y concienciación multisectorial y de amplia incidencia en la vía pública La responsabilidad es de todos. Las actividades finalizarán el 29, en Pasos y Pedales.

“Existe una política de proteger a la mujer contra (…) la violencia”

Dora Taracena, Convergencia de mujeres

http://www.sigloxxi.com/noticias/31730