Muerte violenta de mujeres no cesa

Por Cristina Bonillo

El número de mujeres asesinadas no deja de subir. Según datos oficiales, del 1 de enero al 26 de julio de este año murieron 394, y con crímenes cometidos esta semana superan las 400.

El 2 de enero último, Lourdes Alva López, de 17 años, murió acribillada a balazos mientras celebraba el Año Nuevo. Sara Escalante Vásquez, 53, fue hallada muerta con signos de violación y tortura, el 4 de agosto recién pasado. Entre la muerte de ambas mujeres han transcurrido siete meses, y lo que tienen en común es que han pasado a formar parte de las frías estadísticas: 394 fueron asesinadas en hechos de violencia en lo que va del 2009, según los últimos datos del Ministerio de Gobernación.

Ni siquiera la aprobación de la Ley contra el Femicidio ha conseguido que las cifras se reduzcan. Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, considera que, si bien hay un marco legal más enérgico, los castigos se aplican a parejas y convivientes, “y no a otros agresores que están fuera del círculo del hogar”.

Este año, el Organismo Judicial ha recibido 19 casos tipificados como femicidio, los cuales se encuentran en proceso de debate, y el Ministerio Público reportó hasta el 30 de junio 11 denuncias más por ese delito.

Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, reveló que el 82 por ciento de asesinatos de féminas se cometen por el hecho de ser mujeres, y no por delitos comunes. “Esto demuestra que hay un problema cultural grande, donde la mujer es vista como objeto”, señaló.

Otra de las manifestaciones de esa valoración equivocada de la mujer es la saña con la que son asesinadas. Como el caso de Escalante, decenas de mujeres han aparecido estranguladas, descuartizadas o torturadas.

Crímenes imparables

Cada año aumentan las cifras de muerte de mujeres por hechos de violencia, en Guatemala.

• Del 1 de enero al 26 de julio de este año, 394 mujeres perdieron la vida en actos violentos.

• La capital concentra la mayoría de casos —198—, seguida de lejos por Escuintla y San Marcos, con 18 cada uno.

• Entre las mujeres asesinadas se cuentan 56 menores de edad.

• 298 féminas fueron asesinadas con arma de fuego; 56, con arma blanca; 22, con armas cortocontundentes, y 30 fueron estranguladas.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/agosto/07/333365.html

MÁS MUJERES, MEJOR POLÍTICA: Participación política de las mujeres

Opinión: Gabriela Núñez

Estamos obligados a trabajar en la transformación del imaginario social sobre la participación social y política de mujeres y hombres.

La participación política de las mujeres es determinante para propiciar un desarrollo social, económico y cultural equitativo e incluyente. A pesar de la importante lucha de las mujeres contra la discriminación y la exclusión en la historia reciente del país -particularmente en los procesos relacionados con el respeto y defensa de los derechos humanos durante el conflicto armado, la transición democrática, el proceso de paz y la consolidación de la democracia- aún no gozan de una plena presencia activa y decidida en la política.

Los espacios de participación política para las mujeres no han sido suficientes, ni para todas por igual -particularmente en el caso de las mujeres pobres, indígenas y rurales- ni al ritmo que sería necesario para asegurar que sus intereses y necesidades se vean plenamente reflejados en las plataformas políticas de los partidos políticos, los planes de gobierno y programas de desarrollo, las políticas públicas y la legislación de manera generalizada.

Guatemala es uno de los países del continente con más baja participación política de las mujeres en puestos decisivos -tanto en la legislatura como en el poder nacional y local-. La participación de las mujeres en puestos políticos de toma de decisiones y de elección popular no se ha incrementado significativamente en los últimos veinte años. De hecho, durante los últimos siete períodos legislativos, la representación femenina en el Congreso refleja un limitado avance, manteniéndose entre el 5 y 8% del total de diputados. Esta situación fue superada únicamente en el período 1996-2000 cuando alcanzó el 13.75% de un total de 80 diputados y actualmente en el período 2008-2012 que llegó a un 12.02%, equivalente a 19 mujeres congresistas de un total de 158 diputados.

La participación de las mujeres en otros cargos de elección popular tampoco muestra mayores avances. En las elecciones generales de 2007, únicamente resultaron electas 8 mujeres alcaldesas, y de ellas, una sola indígena, correspondiente al 2.1% de 333 alcaldías. Lo dramático de esta situación es que siendo las mujeres el 51% de la población exista una brecha tan marcada en su representación, no sólo en el Organismo Legislativo, sino también en los demás organismos del Estado y en otros espacios locales de participación política.

Si no se introducen cambios drásticos que reviertan esta situación de desigualdad, se requerirá de al menos veinte años más para lograr una participación política paritaria de género. En aras del desarrollo de Guatemala ¿Tendremos que esperar a qué eso ocurra sin intervenir? Estamos obligados a trabajar en acciones simultáneas de transformación del imaginario social sobre la participación social y política de mujeres y hombres; así como de reformas legislativas que introduzcan medidas compensatorias temporales de participación política. Ello con el propósito de favorecer una participación más equitativa en los cargos de elección popular y en los puestos por nombramiento político y a la vez, obligar a los partidos políticos a incluir a más mujeres en sus estructuras partidarias y en las listas de elección. La propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que está siendo impulsada por la Asociación Política de Mujeres Mayas -Moloj, Convergencia Cívico Política de Mujeres y la Asociación Mujer Vamos Adelante- y respaldada por la Comisión de la Mujer del Congreso es clave para alcanzar este objetivo.

masmujeresmejorpolitica@gmail.com

http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=53171&fch=2009-08-04a

Violencia deja a 141 niños en la orfandad

Por Sandra Valdez y Julio Lara

La violencia no solo causa la muerte de hombres y mujeres, sino también deja niños huérfanos. En 18 meses, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se ha quedado con 141 niños que perdieron a sus padres.

El 18 de junio último, Enma Florencia Hernández, de 27 años, fue asesinada de 12 balazos, en la 10a. avenida y 2a. calle de la colonia San Antonio, San Miguel Petapa.

La otra víctima, y testigo del hecho, fue la hija de la joven: una niña de apenas 3 años, quien relató después cómo desconocidos la plagiaron junto a su madre, y las lanzaron desde un vehículo. Posteriormente, dispararon contra su progenitora.

Meses antes de esa tragedia, el padre de la niña había muerto en circunstancia similares.

De esa manera, la menor se quedó huérfana y con el trauma de haber visto la saña con que mataron a su madre, por lo que la PGN debió hacerse cargo de ella.

“Ese ha sido el caso que más nos ha impactado, no solo por la situación en que la niña quedó huérfana, sino por la edad”, dijo Nineth Guevara, procuradora de la Niñez y Adolescencia de la PGN.
Hasta cumplir 18 años

En circunstancias similares, en 18 meses, otros 140 niños han quedado a cargo del Estado, bajo la figura de casos “institucionalizados”, lo cual significa irse a vivir a una casa hogar, donde residirá hasta cumplir los 18 años.

A ellos se suman otros seis niños que han perdido a uno de sus padres, pero el otro ha solicitado la custodia del menor, refirió Guevara.

Michelle De Leal, de la agrupación Madres Angustiadas, explicó: “La consecuencia de todo esto serán los traumas que lleven toda su vida; se tiene que ver qué se hace para reducir esos niveles de violencia”.

Eleonora Muralles, de la agrupación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, pidió la pronta acción del Estado para reducir los índices de violencia, pues si continúa, habrá más huérfanos.

Según Nidia Aguilar, de la Defensoría de la Niñez y la Juventud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esa situación representa para los niños “un trauma de por vida”.

En cifras

El creciente número de niños huérfanos muestra otra faceta de la violencia.

• En el 2008, 97 menores quedaron sin padres.

• En los primeros seis meses de este año, 44 quedaron en la orfandad, luego de que sus padres murieran de forma violenta.

• Enero ha sido el mes con más menores “institucionalizados”. En ese período del 2008 se registraron 17 casos, y en el del 2009, 14.

http://www.prensalibre.com.gt/pl/2009/agosto/03/332162.html

Z18 School, San Lucas Sacatepequez, Saturday, July 18


Saturday, July 18, 2009

On our last official delegation day, we got up early to go to a school in zone 18, a pilot program that is sponsored by MIA. Partially destroyed by a flood less than a year ago, much of the school was ruined. The delegates grabbed some shovels and started leveling out the land to supply a foundation where a new computer lab will be built, and met one of the female students that MIA helps to sponsor so that she can continue her education.

We then drove to San Lucas Sacatepequez, for what was the most devastating meeting of the entire week. We went to the home of Aura Suruy, whose three daughters, ages 7, 9, and 11, were all beaten, raped, and murdered this past May 29 (http://www.prensalibre.com/pl/2009/junio/16/321595.html). In unbearable pain, the mother has got help with her case from Fundacion Sobrevivientes and also got some help of MIA’s big sister organization, the Guatemala Peace and Development Network (GPDN), to help sponsor her male children’s continuing education.

Ending the delegation on such a horrific story definitely ignited the anger in us to come back to the U.S. and work for Guatemala in whatever ways we can.


La tolerancia de los crímenes

CATALEJO: Mario Antonio Sandoval

UNO DE LOS PROBLEMAS más serios de una sociedad como la guatemalteca es la tolerancia de los crímenes. Cuando algún sociólogo analiza los patrones de comportamiento de los guatemaltecos, sin duda le es fácil ver esa característica, talvez una de las consecuencias de tantos años de guerra interna. Esto es así porque la tolerancia se convierte en la causa y al mismo tiempo en efecto de los delitos cometidos en una guerra civil no declarada, en la cual la única ley era la de la desaparición física de los adversarios, de quienes pensaban distinto. Desaparecido el enfrentamiento armado, quedó como remanente esa actitud de descuido ante la criminalidad, y esta por su parte cada vez es peor, cada vez afecta a más personas, y sigue siendo tolerada.

ESTA SEMANA, POR ejemplo, ocurrió uno de los crímenes más abominables de muchos años: el secuestro y estrangulamiento del niño de 12 años, Byron Arnulfo Rustrián Osorio. Los monstruos secuestradores llegaron al colmo de cobrar un rescate después de haberlo asesinado. Al día siguiente, una familia fue masacrada en San Pedro Ayampuc. Los asesinatos de los choferes y ayudantes de camionetas se han mantenido constantes hasta formar parte del paisaje delictivo del país. Tan terrible como son los crímenes mencionados, es el hecho del pronto olvido de la sociedad. Solo las víctimas directas de quienes han sido asesinados recuerdan los crímenes. El resto nos olvidaremos muy pronto de esas atrocidades.

PROBABLEMENTE, UN PSICÓLOGO social encontrará la explicación de esta manera de actuar como un mecanismo de defensa. Ante tales atrocidades es mejor erigir una pared mental y olvidarse. En tiempo del enfrentamiento armado, estos mecanismos se manifestaban con la frase “en algo estaba metido”, como explicación a los secuestros, asesinatos y desapariciones. El temor a manifestar públicamente el rechazo se debía a un hecho claro: ser calificados como simpatizantes o participantes activos en las facciones en conflicto. Por eso fueron contadas las expresiones populares en contra de una desaparición forzada de un aliado de la guerrilla, pero tampoco de algún militar también asesinado en esa lucha fratricida. Y eso duró muchos años.

OLVIDAR, COMO UNA FORMA de evitar el sufrimiento, parece ser la actitud mayoritaria de la población. Contribuyen a esta la poca efectividad del sistema policíaco-legal. Son pocas las capturas y en demasiadas ocasiones los criminales salen libres por falta de pruebas o por decisiones equivocadas o corruptas de los jueces. Mientras la población asume esta actitud, los criminales afianzan su confianza en escapar al castigo legal de un sistema al cual nunca se enfrentan. La población tiene esporádicos brotes de indignación, como en el caso Rosenberg, pero el tiempo se encarga de ir haciendo desaparecer la indignación. Y a partir de ese momento la mesa está servida para la continuación del constante banquete de sangre y de lágrimas.

EN TALES CIRCUNSTANCIAS, la única manera de cambiar esa tolerancia al crimen es resolver crímenes notorios, causantes de rechazo generalizado, y asegurar una correcta, efectiva y rápida aplicación de las leyes. El sistema legal de Guatemala no es malo, pero no es correctamente aplicado por abogados, jueces y magistrados. Pero si se comprueba su funcionamiento, se puede iniciar el largo camino de reinstalar la confianza popular, actualmente inexistente. Muchos guatemaltecos lloramos de indignación por el asesinato. Pero hay más motivo para llorar porque este crimen, como tantos otros, se deriva de las precarias condiciones del sistema legal. Termino esto enviándole mi fraternal solidaridad a los padres y otros familiares de Byron Arnulfo.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/julio/31/329174.html

Exhuman a tres niñas asesinadas

El MP y el Inacif tomaron muestras de los cadáveres.
El MP y el Inacif tomaron muestras de los cadáveres.

El Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) exhumaron los cadáveres de tres niñas asesinadas en Chicamán, San Lucas Sacatepéquez, el 29 de mayo último.

El trabajo duró seis horas y consistió en extraer tejido corporal, muestra de huesos y cabello de Wendy Josselin, de 12 años; Diana Liseth Suruy Socoreque, 8, y Heidy Yolanda Cuc Suruy, 7. Según querellantes del caso, la inhumación es para procesar el ADN de las niñas, ya que durante la necropsia los médicos del Inacif olvidaron reunir esos componentes.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes y querellante en el caso, criticó a los responsables del Inacif y señaló que esos procedimientos se deberían efectuar de oficio durante la necropsia.

“Aunque es doloroso para la madre de las niñas, ese procedimiento es fundamental, y se hace ahora por ineficiencia del Inacif, pues siempre tienen que hacerlo cuando ingresa un cadáver por hechos de violencia, para determinar las causas de la muerte y para recabar evidencias”, expresó.

Por el asesinato de esas niñas están acusados Luis Roberto Socoreque Mashan, Maroni Hared Silva Urbina y Axel Noé Cho Aspuac.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/julio/30/331709.html

Las crisis no nos son extrañas

ALEPH: Carolina Escobar Sarti

Lo vi en una población del interior de Guatemala hace ya cierto tiempo; una familia en la cual ambos progenitores trabajaban vio reducidos sus ingresos porque el padre había perdido el empleo hacía más de un mes. Sin embargo, a la hora del almuerzo, el padre recibió primero su plato con arroz y dos piezas de pollo: una pechuga grande y una pierna; luego recibimos nuestros platos el hijo adolescente y yo, con porciones parecidas pero un poco menores; después fueron servidas las dos niñas, cada una de las cuales recibió una pieza pequeña de pollo, mientras que la madre se conformó con sentarse de último y comerse los restos del ave que fueron dejando, el pescuezo, entre ellos.

Sirva esta situación para ejemplificar cómo nos hemos relacionado muchas mujeres con las crisis, sean éstas individuales, familiares o sociales. Sabemos, eso sí, que impactan de forma diferenciada a hombres y mujeres. Por ello, y si bien no nos extrañan, parece que va siendo tiempo de enfrentarlas de otra manera. Las mujeres tenemos que descubrir maneras más creativas y menos opresivas de enfrentar hoy un contexto de crisis económica mundial como pocas, que hace evidente el paulatino agravamiento de la crisis financiera internacional. Quienes saben, dicen que no podemos emitir aún suspiros de alivio, porque advierten un mayor deterioro de los mercados de trabajo y una caída de la inversión y del consumo. Todo, en medio de una incertidumbre mayor de la que estamos acostumbradas.

Mujeres especialistas de varios países fueron convocadas a una reciente reunión en México, cuyo tema central fue el “Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”. Por dos días discutieron aspectos importantes para analizar la crisis desde la perspectiva de género y tratar de identificar las áreas de mayor impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres. También examinaron las políticas públicas que existen y surgen en respuesta a la crisis, y señalaron que el punto de partida de las mujeres es siempre peor que el de los hombres. Finalmente se propusieron políticas para responder a las necesidades de igualdad laboral de las mujeres en contextos como el actual, y para promover una responsabilidad compartida entre ellas y los hombres.

“En la región, el impacto de la crisis económica no es inmune a la situación de mayor vulnerabilidad, en la cual se encuentra la mayoría de las mujeres; lo cual podría incrementar el desempleo femenino en sectores productivos como el comercio formal, la industria manufacturera, maquila y textiles, servicios financieros, turismo, así como el empleo doméstico, pues la brecha de la tasa de ocupación para mujeres es más elevada que para los hombres, situación que ha quedado demostrada en diversos estudios sobre crisis previas, aunque de menor envergadura. La falta de oportunidades laborales para mujeres es un obstáculo que se puede agravar en situación de crisis, por lo que la informalidad y el desempleo pudiesen ser más altos entre las mujeres, lo que a su vez podría implicar ausencia de protección e ingresos inestables”, señalaron. La mayoría de las mujeres somos analfabetas en temas económicos. Por ello es importante el aprendizaje sobre estos temas y reconocer que “las crisis nos equiparan a los hombres, pero hacia abajo”, como dijo una de ellas. Para que lo social y las mujeres estén en el centro de toda política pública hay que comenzar por cambiar la lógica económica que define la arquitectura financiera actual. No es poca cosa.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/julio/30/329166.html

From Arbenz to Zelaya

Chiquita in Latin America


By NIKOLAS KOZLOFF

kozrevolWhen the Honduran military overthrew the democratically elected government of Manuel Zelaya two weeks ago there might have been a sigh of relief in the corporate board rooms of Chiquita banana. Earlier this year the Cincinnati-based fruit company joined Dole in criticizing the government in Tegucigalpa which had raised the minimum wage by 60%. Chiquita complained that the new regulations would cut into company profits, requiring the firm to spend more on costs than in Costa Rica: 20 cents more to produce a crate of pineapple and ten cents more to produce a crate of bananas to be exact. In all, Chiquita fretted that it would lose millions under Zelaya’s labor reforms since the company produced around 8 million crates of pineapple and 22 million crates of bananas per year.

When the minimum wage decree came down Chiquita sought help and appealed to the Honduran National Business Council, known by its Spanish acronym COHEP. Like Chiquita, COHEP was unhappy about Zelaya’s minimum wage measure. Amílcar Bulnes, the group’s president, argued that if the government went forward with the minimum wage increase employers would be forced to let workers go, thus increasing unemployment in the country. The most important business organization in Honduras, COHEP groups 60 trade associations and chambers of commerce representing every sector of the Honduran economy. According to its own Web site, COHEP is the political and technical arm of the Honduran private sector, supports trade agreements and provides “critical support for the democratic system.”

The international community should not impose economic sanctions against the coup regime in Tegucigalpa, COHEP argues, because this would worsen Honduras’ social problems. In its new role as the mouthpiece for Honduras’ poor, COHEP declares that Honduras has already suffered from earthquakes, torrential rains and the global financial crisis. Before punishing the coup regime with punitive measures, COHEP argues, the United Nations and the Organization of American States should send observer teams to Honduras to investigate how sanctions might affect 70% of Hondurans who live in poverty. Bulnes meanwhile has voiced his support for the coup regime of Roberto Micheletti and argues that the political conditions in Honduras are not propitious for Zelaya’s return from exile.

Chiquita: From Arbenz to Bananagate

It’s not surprising that Chiquita would seek out and ally itself to socially and politically backward forces in Honduras. Colsiba, the coordinating body of banana plantation workers in Latin America, says the fruit company has failed to supply its workers with necessary protective gear and has dragged its feet when it comes to signing collective labor agreements in Nicaragua, Guatemala and Honduras.

Colsiba compares the infernal labor conditions on Chiquita plantations to concentration camps. It’s an inflammatory comparison yet may contain a degree of truth. Women working on Chiquita’s plantations in Central America work from 6:30 a.m. until 7 at night, their hands burning up inside rubber gloves. Some workers are as young as 14. Central American banana workers have sought damages against Chiquita for exposing them in the field to DBCP, a dangerous pesticide which causes sterility, cancer and birth defects in children.

Chiquita, formerly known as United Fruit Company and United Brands, has had a long and sordid political history in Central America. Led by Sam “The Banana Man” Zemurray, United Fruit got into the banana business at the turn of the twentieth century. Zemurray once remarked famously, “In Honduras, a mule costs more than a member of parliament.” By the 1920s United Fruit controlled 650,000 acres of the best land in Honduras, almost one quarter of all the arable land in the country. What’s more, the company controlled important roads and railways.

In Honduras the fruit companies spread their influence into every area of life including politics and the military. For such tactics they acquired the name los pulpos (the octopuses, from the way they spread their tentacles). Those who did not play ball with the corporations were frequently found face down on the plantations. In 1904 humorist O. Henry coined the term “Banana Republic” to refer to the notorious United Fruit Company and its actions in Honduras.

In Guatemala, United Fruit supported the CIA-backed 1954 military coup against President Jacobo Arbenz, a reformer who had carried out a land reform package. Arbenz’ overthrow led to more than thirty years of unrest and civil war in Guatemala. Later in 1961, United Fruit lent its ships to CIA-backed Cuban exiles who sought to overthrow Fidel Castro at the Bay of Pigs.

In 1972, United Fruit (now renamed United Brands) propelled Honduran General Oswaldo López Arellano to power. The dictator was forced to step down later however after the infamous “Bananagate” scandal which involved United Brands bribes to Arellano. A federal grand jury accused United Brands of bribing Arellano with $1.25 million, with the carrot of another $1.25 million later if the military man agreed to reduce fruit export taxes. During Bananagate, United Brands’ President fell from a New York City skyscraper in an apparent suicide.

Go-Go Clinton Years and Colombia

In Colombia United Fruit also set up shop and during its operations in the South American country developed a no less checkered profile. In 1928, 3,000 workers went on strike against the company to demand better pay and working conditions. At first the company refused to negotiate but later gave in on some minor points, declaring the other demands “illegal” or “impossible.” When the strikers refused to disperse the military fired on the banana workers, killing scores.

You might think that Chiquita would have reconsidered its labor policies after that but in the late 1990s the company began to ally itself with insidious forces, specifically right wing paramilitaries. Chiquita paid off the men to the tune of more than a million dollars. In its own defense, the company declared that it was merely paying protection money to the paramilitaries.

In 2007, Chiquita paid $25 million to settle a Justice Department investigation into the payments. Chiquita was the first company in U.S. history to be convicted of financial dealings with a designated terrorist organization.

In a lawsuit launched against Chiquita victims of the paramilitary violence claimed the firm abetted atrocities including terrorism, war crimes and crimes against humanity. A lawyer for the plaintiffs said that Chiquita’s relationship with the paramilitaries “was about acquiring every aspect of banana distribution and sale through a reign of terror.”

Back in Washington, D.C. Charles Lindner, Chiquita’s CEO, was busy courting the White House. Lindner had been a big donor to the GOP but switched sides and began to lavish cash on the Democrats and Bill Clinton. Clinton repaid Linder by becoming a key military backer of the government of Andrés Pastrana which presided over the proliferation of right wing death squads. At the time the U.S. was pursuing its corporately-friendly free trade agenda in Latin America, a strategy carried out by Clinton’s old boyhood friend Thomas “Mack” McLarty. At the White House, McLarty served as Chief of Staff and Special Envoy to Latin America. He’s an intriguing figure who I’ll come back to in a moment.

The Holder-Chiquita Connection

Given Chiquita’s underhanded record in Central America and Colombia it’s not a surprise that the company later sought to ally itself with COHEP in Honduras. In addition to lobbying business associations in Honduras however Chiquita also cultivated relationships with high powered law firms in Washington. According to the Center for Responsive Politics, Chiquita has paid out $70,000 in lobbying fees to Covington and Burling over the past three years.

Covington is a powerful law firm which advises multinational corporations. Eric Holder, the current Attorney General, a co-chair of the Obama campaign and former Deputy Attorney General under Bill Clinton was up until recently a partner at the firm. At Covington, Holder defended Chiquita as lead counsel in its case with the Justice Department. From his perch at the elegant new Covington headquarters located near the New York Times building in Manhattan, Holder prepped Fernando Aguirre, Chiquita’s CEO, for an interview with 60 Minutes dealing with Colombian death squads.

Holder had the fruit company plead guilty to one count of “engaging in transactions with a specially designated global terrorist organization.” But the lawyer, who was taking in a hefty salary at Covington to the tune of more than $2 million, brokered a sweetheart deal in which Chiquita only paid a $25 million fine over five years. Outrageously however, not one of the six company officials who approved the payments received any jail time.

The Curious Case of Covington

Look a little deeper and you’ll find that not only does Covington represent Chiquita but also serves as a kind of nexus for the political right intent on pushing a hawkish foreign policy in Latin America. Covington has pursued an important strategic alliance with Kissinger (of Chile, 1973 fame) and McLarty Associates (yes, the same Mack McLarty from Clinton-time), a well known international consulting and strategic advisory firm.

From 1974 to 1981 John Bolton served as an associate at Covington. As U.S. Ambassador to the United Nations under George Bush, Bolton was a fierce critic of leftists in Latin America such as Venezuela’s Hugo Chávez. Furthermore, just recently John Negroponte became Covington’s Vice Chairman. Negroponte is a former Deputy Secretary of State, Director of National Intelligence and U.S. Representative to the United Nations.

As U.S. Ambassador to Honduras from 1981-1985, Negroponte played a significant role in assisting the U.S.-backed Contra rebels intent on overthrowing the Sandinista regime in Nicaragua. Human rights groups have criticized Negroponte for ignoring human rights abuses committed by Honduran death squads which were funded and partially trained by the Central Intelligence Agency. Indeed, when Negroponte served as ambassador his building in Tegucigalpa became one of the largest nerve centers of the CIA in Latin America with a tenfold increase in personnel.

While there’s no evidence linking Chiquita to the recent coup in Honduras, there’s enough of a confluence of suspicious characters and political heavyweights here to warrant further investigation. From COHEP to Covington to Holder to Negroponte to McLarty, Chiquita has sought out friends in high places, friends who had no love for the progressive labor policies of the Zelaya regime in Tegucigalpa.

Nikolas Kozloff is the author of Revolution! South America and the Rise of the New Left (Palgrave-Macmillan, 2008) Follow his blog at senorchichero.blogspot.com

País: Arlene, Anyeli y Heidy, causa de la lucha de Cruz

Raquel par madre de Heidy Batz Par, una de las niñas robadas, muestra su fotografía. / Foto por Walter Peña

Raquel par madre de Heidy Batz Par, una de las niñas robadas, muestra su fotografía. Foto por Walter Peña

La activista cumplió ayer nueve días de permanencia frente a la CSJ para exigir la nulidad de procesos de adopción que califica como anómalos.


Por: Juan M. Castillo Zamora

Tras nueve días de huelga de hambre, Norma Cruz no luce igual, su rostro se ve cansado y es evidente su pérdida de peso. Sentada en el colchón de una improvisada habitación instalada en frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la activista se moja los labios con un poco de suero oral, inhala el humo de un cigarrillo suave y con voz enérgica dice “todavía aguanto, aún me queda energía y no desistiré”.

El médico llega una vez por día a chequear sus signos vitales, según ella su estado de salud es estable. Detrás de esa manifestación Cruz emprende una lucha constante, desea que un juez civil declare la nulidad de tres procesos de adopción. Se trata de los casos de Arlene Escarleth López López, Anyeli Hernández Rodríguez y Heidy Saraí Batz Par, quienes fueron robadas entre abril y noviembre de 2006.

Posteriormente, la Fiscalía contra Trata del Ministerio Público (MP), estableció que las infantes habían sido dadas en adopción a familias que radican en Estados Unidos. Las pesquisas del ente investigador determinaron por medio de la Dirección General de Migración, que las menores de edad habían salido del país con otros nombres. En el Centro de Emisión de Pasaportes se localizaron las fotografías de las niñas que viajaron a los estados de Illinois, Louisiana y Iowa de aquel país.

Cruz asegura que este tipo de acciones son necesarias para hacer presión ante las autoridades correspondientes. La fundación que preside demanda que juzgados del Ramo Civil admitan los expedientes para darle trámite.

Luis Fernández, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indica que son los jueces los únicos responsables de admitir o no un proceso de esta índole. “Lo que demanda la organización es que los juzgados admitan el ingreso de juicio ordinario de nulidad de procesos de adopción”.

Ayer fueron designados los juzgados Segundo, Décimo y Octavo del Ramo Civil para conocer los procesos, estos tendrán 48 horas para resolver si admiten los procesos.

Capturan a dos presuntos responsables

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), detuvieron ayer a Abner Ludwing Cifuentes Peralta y Telma Virginia Velásquez Revolorio durante dos allanamientos realizados en las zonas 5 de Villa Nueva y 6 de San Miguel Petapa. Estos tenían orden de aprehensión emanada del Juzgado Segundo de Instancia Penal en mayo de 2008 por el delito sustracción agravada. Según la investigación del MP, los sindicados robaron a la infante Heidy Saraí Batz Par en abril de 2008.

El juez,  Jorge Mario Valenzuela ligó a proceso a ambas personas detenidas por los delitos de sustracción agravada, plagio o secuestro y trata de personas. Los capturados fueron llevados a prisión.

Magistrado se inhibe

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández, se inhibió de conocer el antejuicio en contra del juez de Familia, Mario Fernando Peralta Castañeda, sindicado por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de deberes, luego de que autorizó la adopción ilegal de dos menores de edad. En la Cámara de Amparos y Antejuicios se informó que es a José Antonio Pineda Barales, vocal primero de la Sala Segunda Cámara de Apelaciones a quien le corresponde ser el juez pesquisidor del caso. Fernández dijo que se excusó de conocer el proceso porque estudió con el juzgador durante los años de secundaria.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20090724/pais/108141